El juez encarga a los administradores que determinen en un informe urgente si el Córdoba CF es viable

No hay tiempo que perder en la Sociedad Anónima Deportiva del Córdoba Club de Fútbol. Tras una semana en la que todo ha cambiado, el club está desde este sábado en manos judiciales. El destino del histórico club deportivo cordobés está regido por Antonio Rodríguez Moyano, el juez titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Córdoba, que a su vez ha ordenado al administrador judicial Francisco Estepa y al economista Francisco Javier Bernabéu que tomen el control de la sociedad y que a la mayor urgencia elaboren un detallado informe sobre la viabilidad del Córdoba Club de Fútbol.

Según el auto, firmado el pasado 9 de noviembre y al que ha tenido acceso este periódico, el juez urge a los dos administradores judiciales a acelerar todo el proceso administrativo con el objetivo final de salvar a la sociedad deportiva. Pero antes tienen que determinar si es viable o no.

Los dos administradores ya se han hecho con el control de todo el Córdoba Club de Fútbol. Este sábado, incluso, acudieron al palco del Arcángel. También se han reunido con los trabajadores, a los que han transmitido tranquilidad, pero a los que han advertido de la gravedad económica que atraviesa la sociedad anónima después de la presidencia de Jesús León, al que el juez acusa de “múltiples y reiterados” actos “en beneficio propio” a costa del Córdoba CF que habrían mermado de manera crítica los recursos de los que dispone el club para sobrevivir.

En concreto, el juez ha reclamado “con carácter urgente” a los dos administradores siete acciones inmediatas. La primera pasa por una “explicación, examen y evaluación de las cuentas anuales presentadas por los anteriores gestores del Córdoba Club de Fútbol”. El segundo punto urgente es hacer un “inventario y evaluación del patrimonio societario”. En el caso del Córdoba es escaso, los futbolistas y los derechos de competición, ya que el club no es titular de ningún bien inmueble.

El tercer punto es uno de los más importantes, ya que el juez quiere saber exactamente qué es lo que debe el club. Así, reclama un estadillo de las “deudas vencidas, líquidas y exigibles” del Córdoba, pero con especial atención a las que mantiene con las administraciones (Hacienda) y con los trabajadores (plantilla y futbolistas). En el mismo estadillo tiene que aparecer una previsión de la tesorería, la recuperación de créditos y qué soluciones proponen los nuevos administradores para aplazar los pagos más urgentes y garantizar la viabilidad del club.

El punto cuarto es clave, ya que se reclama un informe sobre la “solvencia y viabilidad” de la sociedad anónima deportiva. Ese informe les tiene que valer a los administradores para tomar decisiones. Es decir, hasta que no digan si el club es solvente o no, no podrán decidir cómo intentar salvarlo de la quiebra económica.

Por último, el juez quiere saber a la mayor urgencia posible cuál es la situación laboral exacta de toda la plantilla del club y una “relación de los procedimientos judiciales en los que sea parte la empresa”. Los administradores tendrán que decidir también a la mayor brevedad qué hacer ante el aluvión de procedimientos judiciales del club e incluso si emprenden nuevos o cambian estrategias de defensa.