El parlamentario de Podemos Moscoso sufre el acoso de los partidarios de Guadalquivir Futuro

El parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, ha sufrido esta mañana la persecución y acoso de medio centenar de personas que le esperaban a la salida de los juzgados de Córdoba, donde el político declaraba como acusación particular en el caso de Guadalquivir Futuro. Moscoso ha terminado refugiado en un portal, donde ha podido atender a la prensa. El político ha pedido que se amplíe la investigación a otros cargos de la Fundación, vinculada al PSOE, por presuntas mordidas económicas a sus usuarios.

Moscoso ha ratificado la denuncia que presentó Podemos este verano ampliando nuevos materiales, como un audio de 45 minutos que según la acusación implicaría a ciertas personas con vinculación al PSOE de Córdoba. El caso se encuentra en secreto de sumario y el parlamentario no ha podido dar más datos. Asimismo, el parlamentario ha pedido que se amplíe la investigación usando material de las actas de la Inspección de Trabajo “donde se prueba de manera tangible que se produjeron mordidas a empleados de Guadalquivir Futuro”. En virtud de esta nueva documentación “hemos pedido -ha dicho- que se amplíe la acusación a un nuevo miembro de Guadalquivir Futuro”.

Este verano los trabajadores de la Fundación Guadalquivir, Jóvenes para el Futuro y también algunos miembros de la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir decidieron romper su silencio y comunicar a la Junta lo que consideraban que era un escándalo. Los trabajadores denunciaron ante la Inspección de Trabajo y también ante la Consejería de Empleo que eran obligados a dar parte de su sueldo en concepto de donativos que no se sabía muy bien a dónde iban.

Estas tres organizaciones, que recibían importantes cantidades de subvenciones públicas, estaban controladas por Ángeles Muñoz y Cristian Menacho, madre e hijo, dos caras muy conocidas dentro del PSOE de Córdoba. La madre fue en la lista del PSOE a las elecciones municipales de 2011. A su cargo, y a través de estas tres entidades, tenían un importante número de trabajadores (casi todos mujeres) y participaban en distintos talleres sociales, atención a mayores a través de cáterings, limpiadoras…

En junio, un grupo de trabajadoras dijo basta. Una empleada se negó a aportar donativos de su sueldo y fue despedida, según consta en una de las denuncias ante la Inspección de Trabajo a la que ha tenido acceso este periódico. Pero fue dada de baja sin saberlo, según denunció. El resto de denuncias, aunque casi siempre anónimas, llegaron en cascada hasta que se abrió una investigación que acaba de descubrir, siempre según apuntan todos los informes consultados por este medio, que los empleados eran obligados a aportar parte de su sueldo. Algunos apuntan que los donativos a este conglomerado llegaban a alcanzar los 500 euros al mes.

La Junta, a través de sus informes, considera probado que al menos desde 2014 se están produciendo estas prácticas. De hecho, ha abierto una información reservada por la denuncia de otro trabajador en la entidad Jóvenes para el Futuro, también controlada por Ángeles Muñoz y Cristian Menacho.

La investigación de la Consejería ha descubierto que no solo se aportaban donativos por parte de los trabajadores. También se detectó otra práctica: el cobro de dinero a los asistentes a los talleres que impartía la Fundación Guadalquivir en las clases de apoyo. Según la información, a cada niño se le cobraba un euro por hora de clase, tal y como ha denunciado uno de los antiguos trabajadores de esta entidad.

En sede parlamentaria, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, informó que las tres fundaciones han sido sancionadas con un total de 46.251 euros por irregularidades y tendrán, además, que reintegrar un total de 304.905,99 euros de las subvenciones a las que se acogieron. Durante su comparecencia, Sánchez Maldonado ha recordó que la Inspección de Trabajo inició una investigación a raíz de la denuncia de algunos trabajadores contratados en base a ayudas recogidas en el Decreto Ley 2/2015, que incluye ayudas a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos de empleo.

Además, la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del SAE también inició un expediente de información reservada para clarificar la ejecución de estas ayudas. Según el informe de la Inspección de Trabajo se considera que los hechos constituyen “una infracción laboral muy grave en materia de empleo”, que lleva aparejada la sanción a las entidades, la pérdida automática de las ayudas y la devolución de las subvenciones recibidas.

Tras toda esta información y lo investigado por la Inspección de Trabajo surge otra pregunta. ¿A dónde fue a parar el dinero de los donativos y el que se cobraba a los niños por las clases de apoyo? Ni la Consejería de Empleo ni la Inspección de Trabajo pueden investigarlo.