El PP insiste en que las competencias por el vertido de verano son de la Junta

El PP ha vuelto a señalar a la Junta como la máxima administración competente en la materia del vertido de orujo que asoló kilómetros del río Guadalquivir este verano. El parlamentario andaluz y presidente del PP en Córdoba, Adolfo Molina, se ha basado en la respuesta parlamentaria dada recientemente por el Gobierno para argumentar que también la administración central apunta como máximas depositarias de las competencias a las consejerías de la Junta de Andalucía.

Tanto Molina como Fuentes han lamentado que el PSOE “tratase de echar balones fuera pidiendo explicaciones al Gobierno y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuando en realidad eran ellos los que tenían que hacerlo”. “Por eso nosotros pedimos explicaciones en el Parlamento al consejero de Medio Ambiente y volvemos a hacerlo ahora”, ha avanzado Molina. Por otro lado, el concejal Salvador Fuentes ha lamentado que tampoco el Ayuntamiento haya pedido responsabilidades “y que se haya puesto de perfil” en un asunto que el PP considera tan grave.

En la respuesta parlamentaria se señala que el vertido se produjo el 19 de junio. La primera Administración pública en detectarlo y ponerse a trabajar fue la Delegación en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Sus agentes levantaron un Acta de Manifestaciones a las 13:27 de ese mismo día. Según quedó reflejado en la documentación, el vertido se inició en algún momento a partir de las 7:30 de esa mañana“.

Tras una reunión mantenida con personal de dicha Delegación, se supo que habían tenido conocimiento del hecho mediante una llamada telefónica particular a las 10:33 de esa mañana. No consta que dicha Administración comunicara la incidencia ni su actuación a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir“, explica el Gobierno.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir empezó a trabajar 24 horas después y “empleó todos los medios a su alcance para la mitigación de este vertido. Durante el episodio se contó con la participación de personal de la Dirección Técnica y Comisaría de Aguas de la Confederación, así como de la empresa pública Tragsa”, asegura la respuesta parlamentaria.

En un primer momento, se efectuó un reconocimiento inicial de la situación del cauce, con recogida de muestras tanto de la balsa de residuos como del medio receptor. “En todo momento se contó con el seguimiento de las condiciones de calidad del cauce en tiempo real a través de una Estación SAICA (Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas), de medición automática de la calidad de las aguas y con el desplazamiento permanente de un equipo móvil para el monitoreo a demanda del oxígeno disuelto disponible en el agua a lo largo de todo el trazado que siguió el vertido”, informa el Gobierno.

En paralelo, se abrieron las compuertas de los pantanos con tres objetivos: “Facilitar la dilución del vertido en el medio, forzar la máxima ¡ oxigenación de la masa afectada en su tránsito aguas abajo y disminuir la duración del periodo de anoxia [falta de oxígeno] para paliar en lo posible los efectos dañinos sobre la fauna acuícola”.

El vertido contaminante discurrió por los términos municipales de Pedro Abad, El Carpio, Villafranca de Córdoba, Córdoba y, en menor medida, aguas abajo. “Precisamente como consecuencia de las actuaciones emprendidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a su paso por la ciudad de Córdoba se constató una disminución de un 90% en la carga contaminante máxima con respecto a la registrada inicialmente en el medio”, se felicita el Gobierno.

La lengua contaminante, según la información disponible, alcanzó finalmente una longitud de alrededor de 21 kilómetros, si bien ya en su fase de mitigación, con mucha menor carga contaminante que la inicial.