Calmante Vitaminado provoca dolores de cabeza

Calmante Vitaminado ya no alivia el dolor de cabeza: lo provoca. Ha dejado de ser un medicamento para convertirse en una enfermedad. Pero no afecta a todos por igual. Para los administradores de sus laboratorios quizá le suponga una molestia pasajera. Para algunos concursales, una punzada leve. Para los políticos, un ardor de estómago. Y para los trabajadores, sin duda, una migraña crónica acompañada de un insoportable vacío en el corazón. Porque son los trabajadores los verdaderos perjudicados y olvidados en este proceso infame de desmantelamiento industrial de Córdoba.

El concurso formal de los Laboratorios Pérez Giménez comenzó en noviembre de 2011. Sin embargo, la liquidación de su prestigio y de su patrimonio viene de mucho más atrás. Son muchos los responsables. Y demasiados los impunes. Una sentencia condenó a algunos de sus administradores a depositar varios millones de euros para que de ahí pudieran cobrar los trabajadores como deuda prioritaria. No me consta que se haya realizado este depósito. Lo que sí me consta es que son muchos los trabajadores que llevan 20 meses sin percibir su salario, sin acceso a prestación ni subsidio, pero cumpliendo con su jornada laboral mientras algunos han visto embargada su vivienda y otros acuden a centros sociales para conseguir alimento. Un ejemplo más de cómo la corrupción moral se ha normalizado en nuestro sistema. Los culpables de la quiebra no pierden sus estatus social mientras los trabajadores asumen como víctimas las consecuencias de lo que otros provocaron.

También calla la Junta de Andalucía a pesar de haber gastado inútilmente en la salvación de los laboratorios cerca de 17 millones de euros. Ese dinero es nuestro y nosotros debemos exigir que se nos rindan cuentan a quienes lo dieron y a quienes lo malgastaron. La administración local, tanto de Córdoba como de Almodóvar del Río, tampoco ha hecho bandera de la causa como ha ocurrido en otras localidades andaluzas donde los alcaldes y alcadesas lideraron con vehemencia la defensa de sus trabajadores. No dudo de las buenas intenciones de algunos. Con ellos incluso he compartido pancarta y camino en manifestaciones. Y también entiendo que no todas las administraciones son igualmente responsables. Pero el reproche moral es mayor cuánto más cercanas las heridas. Y somos muchos los que creemos que ante las tragedias humanas no se puede esgrimir la disciplina de partido ni la falta de competencias. Todo lo contrario. Es entonces cuando deben comportarse como Antígonas y rebelarse contra la injusticia derivada de la aparente legalidad que ampara el mal funcionamiento de las instituciones públicas.

Sirva como ejemplo la dura crítica que han vertido los sindicatos sobre la labor de algunos concursales. Quizá maniatados por la legalidad procesal, no es menos cierto que han sido varios los empleados que han sufrido retrasos intolerables para conseguir los certificados de empresa o partes de baja con los que solicitar la ayuda necesaria para sobrevivir. Y ahora, para colmo de males, la Seguridad Social embarga las cuentas de los laboratorios condenando a los trabajadores que puedan ser despedidos a quedarse sin la indemnización y lo que se les debe, ya que sólo podrían cobrar del fondo de garantía salarial como máximo 120 días y dos veces el salario mínimo interprofesional.

No sé qué ocurrirá tras su adjudicación. Imagino que los que están parapetados en silencio volverán a aparecer tras los micrófonos vendiéndonos esperanza. Delante ya no tendrán a Alberto Almansa que seguro les preguntaría dónde han estado escondidos, qué piensan hacer con las personas despedidas que se dejaron la piel por la empresa y por qué Córdoba sigue siendo un pretérito imperfecto. Una ciudad con los ojos clavados en la espalda.