El Defensor demanda refuerzos para el juzgado de cláusulas suelo

El Defensor del Pueblo Andaluz acaba de dictar una resolución por la que demanda refuerzos para el juzgado encargado de llevar los casos de las cláusulas suelo, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Córdoba. Así lo ha puesto de manifiesto en una resolución emitida el pasado 2 de octubre y formulada ante las quejas recibidas al respecto, donde traslada su escrito a la Consejería de Justicia e Interior y hace extensiva la petición para todos los juzgados de Andalucía encargados de los casos de cláusulas suelo.

En concreto, el escrito de la oficina del Defensor solicita “más medidas de apoyo para los órganos judiciales competentes en materia de cláusulas suelo” y dirige su resolución a la Consejería de Justicia e Interior. En ella realiza una “recomendación para garantizar la aplicación efectiva del Acuerdo de 25 de mayo de 2017 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el seno de los juzgados andaluces seleccionados y disponer el conjunto de medidas incluidas en dicho acuerdo conforme a las responsabilidades de la Consejería de Justicia”.

Dicho acuerdo del CGPJ asignó a juzgados de manera exclusiva las causas sobre cláusulas suelo y, de acuerdo con la Comisión de Coordinación con las comunidades autónomas, concretaba el juzgado afectado en Córdoba y en cada una del resto de las ocho provincias andaluzas, que quedaban declarados como competentes para asumir la carga de asuntos que se producirían tras la demandas judiciales relativas a estos casos.

Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz realiza una “sugerencia” a la Consejería de Justicia e Interior “a fin de impulsar las medidas que logren una dotación adecuada de nuevos órganos judiciales, conforme a las necesidades que vienen siendo reclamadas por el Tribunal Superior de Justicia, los operadores jurídicos y esa misma Consejería de Justicia e Interior”, para atender los causas en relación a las cláusulas suelo.

En su escrito, Maeztu advierte de la carga de trabajo sobrevenida al juzgado encargado de llevar estos casos y señala que “los problemas sistémicos de la organización judicial se concretan ante un nuevo reto, cual es la litigiosidad (sic) que amenaza los juzgados para atender reclamaciones de usuarios y clientes en relación con litigios derivados de las denominadas cláusulas suelo y otros productos financieros de riesgo junto a reclamaciones de contratos de financiación con garantías hipotecarias”.

En ese sentido, y de manera generalizada en toda Andalucía, el Defensor confirma en su análisis “las graves deficiencias que se pusieron de manifiesto” en los citados juzgados: “El relato de la ausencia de personal, refuerzos judiciales, espacios habilitados en los juzgados asignados o la incomparecencia de personal de apoyo en la fecha de su aplicación implican una desatención que, sin perjuicio de aludir a las dificultades anunciadas desde la propia Consejería, no deberían haberse producido”, concluye.