Paco Moro | MADERO CUBERO
Paco Moro | MADERO CUBERO

El sindicato CTA ha presentado este martes ante la Fiscalía Provincial de Córdoba una denuncia contra la empresa Ailgarilic Agrícola S.L. que, según sentencia judicial, dejaron de pagar a 35 trabajadoras su salario por la recogida de ajo en Montalbán entre los meses de 2013 y enero de 2014, sin que la mencionada empresa haya hecho acto de presencia en cuantas citaciones judiciales se le ha hecho, “quedando impune” por sus acciones y siendo el Fondo de Garantía Social el responsable ahora de pagar a las trabajadoras sus salarios. Por ello, CTA pretende ahora que la Fiscalía pueda tramitar la denuncia por lo penal “contra los representantes legales de la empresa por un delito en contra de los derechos de los trabajadores”.

El sindicato ha presentado esta denuncia como un caso puntual de lo que denuncia viene ocurriendo de manera generalizada en el campo cordobés, “graves prácticas presuntamente delictivas que se vienen produciendo en el sector agrario en la provincia de Córdoba” señalan, y sobre las que, además, pide que la Fiscalía abra una investigación general. “Insistimos a esta Fiscalía que promueva una investigación generalizada sobre los presuntos delitos que se puedan estar cometiendo contra los derechos de los trabajadores en los trabajos que se vienen desarrollando en el medio agrario, comenzando por el Bajo Guadalquivir”, dice el escrito presentado.

Para ello, CTA ha hecho entrega a la Fiscalía de una petición de investigación acompañada de los acuerdos plenarios de los ayuntamientos de Palma del Río, Hornachuelos, Posadas, Almodóvar del Río, Fuente Palmera, La Carlota, Guadalcázar y La Victoria -la comarca del Bajo Guadalquivir- donde los plenos de estos consistorios han aprobado una moción ratificando los hechos denunciados por el sindicato en repetidas ocasiones desde hace algo más de un año. “Cuando decenas de concejales de todos los partidos políticos vienen a ratificar lo que CTA está denunciando (…) no es reflejo de un hecho aislado sino de una situación social límite de precariedad y abuso generalizado contra los trabajadores de esta comarca”, advierte el sindicato.

CTA señala cómo los jornaleros denuncian ante ellos casos de impagos por sus trabajos, tareas a destajo, ausencia de contratos, salarios bajos, no darles de alta en la Seguridad Social y otro tipo de incumplimientos del convenio de los trabajadores del campo. “No son casos aislados”, señala Francisco Moro, secretario de CTA, quien critica que “es impresentable que los empresarios que actúan así queden impunes”.

“Creemos que la Fiscalía tiene la obligación de investigar” estos hechos para velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. “Estas actuaciones no están siendo perseguidas” señala sobre la puesta en conocimiento que el sindicato ha llevado a cabo sobre estos hechos ante la Inspección de Trabajo: “Ésta no llega a tiempo o cuando llega se limita a preguntar a los jornaleros delante de los manijeros, por los que sometidos al terror de no poder trabajar y buscarse el sustento para sus familias, guardan silencio o incluso mienten”.

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