Europa se inhibe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia
La Comisión Europea contesta en el Parlamento comunitario que la resolución de este conflicto debe resolverlo España como Estado
La Comisión Europea se ha inhibido de la polémica sobre la inmatriculaciones de la Iglesia en España y también sobre el caso concreto de la Mezquita Catedral de Córdoba, según consta en dos respuestas parlamentarias planteadas por la europarlamentaria de IU Paloma López. La pregunta surgió después de una visita al Parlamento Europeo de las plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro y Mezquita-Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares.
Las respuestas, a las que ha tenido acceso este periódico y adelantadas esta mañana por ABC Córdoba y El Día de Córdoba, están firmadas por los comisarios de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsis, y de Justicia, Verâ Jourová, y coinciden en su argumentario. El primero, en una respuesta que fue emitida el pasado viernes, responde exclusivamente sobre los planteamientos realizados en la Mezquita Catedral de Córdoba. “La Comisión Europea considera que la protección del patrimonio cultural es muy importante. No obstante, de conformidad con los Tratados, su protección y promoción es ante todo una responsabilidad nacional, y la acción de la Unión Europea se limita a favorecer la cooperación entre los Estados miembros y a apoyar y complementar la acción de estos. Por lo tanto, la Comisión no tiene competencias para intervenir en lo que respecta a la cuestión planteada por Su Señoría”, señala textualmente.
En el caso de las inmatriculaciones, Verâ Jourová señala que “los Estados miembros pueden introducir diferentes normas sobre el régimen de la propiedad. Sin embargo, al definir las condiciones del ejercicio de los derechos de propiedad, los Estados miembros deben ajustarse a las normas fundamentales del Derecho de la Unión (en particular, la libre circulación de capitales) si las medidas entran en el ámbito de aplicación de los Tratados”.
En este sentido, la comisaria europea señala que “sobre la base de la información de que dispone la Comisión, no parece que el asunto a que se refiere su Señoría entre en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE. En estos casos, corresponde a los Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respetan y protegen de manera eficaz con arreglo a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
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