Los sindicatos rechazan el archivo del juez de la denuncia en Pérez Giménez

CTA y UGT acusan al magistrado de sobreseer la acusación contra los administradores concursales por criterios “subjetivos”

CTA y UGT han manifestado a través de una nota de prensa su “desacuerdo” con los criterios “subjetivos” que han llevado al titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, el magistrado Fernando Caballero, a desestimar la petición de dichos sindicatos de que destituyera a los administradores concursales de Laboratorios Pérez Giménez, al considerar que su gestión está “perjudicando gravemente los intereses de los trabajadores”, razón por la que los sindicatos concluyen que la buena “opinión” que tiene el juez de los concursales no se apoya “en hechos reales”.

Las dos organizaciones sindicales han criticado el hecho de que han “conocido por la prensa el auto judicial por el que desestima” el recurso que presentaron pidiendo la separación de los concursales, al entender que “no habían actuado con la diligencia oportuna”, perjudicando con ello a la empresa en concurso de acreedores y a sus ya exempleados.

Además, los sindicatos no comparten “el criterio” del juez, al considerar que “realiza apreciaciones subjetivas, en tanto en cuanto, que manifiesta en su auto”, cuando dice Fernando Caballero que “los administradores concursales han mantenido (más allá de lo procedente según criterio judicial) la defensa de los intereses trabajadores como criterio en la fase de liquidación”, algo que CTA y UGT afirman no poder compartir, pues se trata de “una opinión no basada en hechos reales y que los representantes de los trabajadores negamos de forma pública y la sustentamos en varios argumentos”.

En primer lugar, según han recordado los sindicatos, “el concurso de acreedores comenzó en noviembre del 2011 y a fecha de hoy no está resuelto ni tiene visos de resolverse”, de modo que “cuando el juez dice que no ha existido tiempo muerto que pudiera justificar la separación pretendida, creemos que, a todas luces, esto es un novelón, en el que durante largos periodos de tiempo no se ha realizado ningún tipo de actuación, ni por la Administración Concursal, ni por el propio juzgado”.

Junto a ello, UGT y CTA insisten en que “el interés de los trabajadores es que la unidad productiva, es decir, el laboratorio, siga produciendo, y no solo no está produciendo, sino que está cerrado y sufriendo un grave deterioro, mientras que los trabajadores estamos en la calle, y los de fuera de Córdoba aún no han recibido ni los certificados de empresa para solicitar al Fogasa parte de las indemnizaciones que les corresponden, mientras que los demás trabajadores hemos tardado más de tres meses en recibir los certificados”.

Además, “desde que la Administración Concursal se hizo cargo de la administración social de la empresa, algunos empleados han estado trabajando más de 30 meses sin cobrar las nóminas. Por lo tanto, que no se diga por el señor juez que ha existido diligencia” por parte de los concursales, siendo, por otro lado “inadmisible que haya cinco concursales, que suponen un sobre coste contra la masa concursal, cuando en un procedimiento concursal lo normal son tres”, pero es que encima, según han criticado CTA y UGT, “no han hecho su trabajo, puesto que se han equivocado en reiteradas ocasiones en los informes de empresa y además los han entregado sin ningún tipo de diligencia”.

En cuanto a la venta de la unidad productiva y lo que han hecho al respecto los concursales, los sindicatos han recordado que hay una “sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, que, en contra el criterio, no ya de los administradores concursales, sino del propio Juzgado de lo Mercantil, ha determinado que dicha unidad productiva debía ser transmitida en su momento a Globalaeronatic”.

Por último, UGT y CTA tampoco entienden “las trabas e inconvenientes” que públicamente y también ante los sindicatos, han dicho encontrarse las distintas sociedades que habían mostrado interés en comprar los laboratorios, lo que ha llevado a ambas organizaciones sindicales a preguntarse “si, por parte de alguien, existe un interés especial en que los laboratorios se vendan por lotes y no la unidad productiva completa, para que pueda seguir la actividad farmacéutica en estas instalaciones”, porque, “si se vende por lo lotes, la destrucción de empleo está confirmada en una ciudad con más del 32 por ciento de paro”.