Interrogan a 70 profesores por el fraude en cursos de formación

Agentes de la UDEF se trasladan a la Comisaría de Córdoba para iniciar una nueva fase de la operación Edu, y contrastar el elevado nivel de fraude detectado tras hablar con los alumnos

Después de confirmar que había fraude en el 90% de los cursos de formación investigados en Córdoba tras el interrogatorio de unos 500 alumnos en la provincia de Córdoba, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han iniciado esta mañana el interrogatorio de unos 70 profesores de estos cursos en la provincia de Córdoba, según han confirmado fuentes de la investigación.

Se trata del desarrollo de la segunda fase de la conocida como operación Edu, que inició antes de este verano la Policía Nacional en la provincia de Málaga y que persigue el fraude en los cursos de formación ocupacional y profesional financiados por la Junta de Andalucía en toda la comunidad autónoma en los últimos años.

En Córdoba, los agentes han interrogado durante las pasadas semanas a un total de 500 alumnos como testigos, aunque llegaron a citar a 600. La Policía, según ha podido saber este periódico y publica hoy la edición de Vozpópuli, encontró fraude al menos en el 90% de esos cursos.

Ahora, los agentes quieren saber, con su interrogatorio a los profesores, si se confirma el fraude. Después, los policías del caso Edu subirán el último escalón de esta segunda fase de la operación Edu: irán a por los empresarios y también buscarán a los responsables de la Delegación de Empleo que los autorizaron y firmaron. Está previsto que para entonces se produzcan detenciones, tal y como ocurrió en la primera fase de la operación Edu desarrollada en la provincia de Málaga.

El trabajo de la Policía Nacional está siendo muy laborioso y se están encontrando con nuevas vías de investigación, fundamentalmente gracias a la colaboración ciudadana. Así, la UDEF está recibiendo una auténtica avalancha de denuncias sobre supuestos fraudes en distintos cursos de formación, no solo impartidos en Andalucía, sino también en otras comunidades autónomas.

Las investigaciones que durante estos meses ha desarrollado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han descentralizado y dividido por los diferentes juzgados de todas las provincias andaluzas, en donde se sospecha que hubo fraude en los cursos de formación que se gestionaban a través de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta. En el caso de Córdoba, la investigación está siendo instruida por el titular del Juzgado de Instrucción número 8.

TRABAJANDO PESE AL AUTO DE ALAYA

Los agentes han seguido con su investigación, a pesar de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha pedido al Ministerio del Interior que aparte a la Policía Nacional de un caso que considera que es exclusivamente de la Guardia Civil. El Ministerio ya ha contestado a la jueza que el caso que investiga la Policía es distinto al que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La respuesta a Alaya se se sostiene en dos pilares fundamentales: el primero, que su investigación ya está judicializada, es decir, que está siendo dirigida por otros ocho jueces de instrucción en otras tantas provincias de Andalucía, algo que ya conocía la juez. Y lo segundo, que el sistema de control interno del Ministerio del Interior para no ‘pisar’ investigaciones no alertó de que la Guardia Civil también investigaba al exconsejero Ángel Ojeda, al que detuvo la Policía este verano.

En concreto, el Ministerio asegura que el equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que inició hace dos años la bautizada operación Edu ya se puso en contacto en su día con las altas instancias judiciales para ver qué administración de justicia era la competente para dirigir sus operaciones. Así, los policías se llegaron a sentar con la Fiscalía Anticorrupción, que determinó que lo mejor para la causa era trocearla en cada una de las ocho provincias de Andalucía. Así, se empezó por Málaga, que fue el lugar del que procedió la primera denuncia sobre el supuesto fraude en los cursos de formación. Desde Málaga, y al observar un proceso de defraudación de fondos públicos similar en toda Andalucía, los agentes extendieron la causa al resto de Andalucía. Anticorrupción no entendió procedente elevar la causa a la Audiencia Nacional.

Antes de hacerlo, el equipo de la UDEF entregó, tras previa consulta con la Fiscalía Anticorrupción, una copia de las diligencias que desarrollaba en cada uno de los ocho juzgados decanos de Andalucía. Estos juzgados, a su vez, designaron a los magistrados que por turno iban a dirigir las investigaciones. De hecho, ahora los policías siguen las instrucciones de los jueces, según argumentarán en su respuesta a la juez Alaya.

Pero hay más. Alaya defiende en su escrito que la Policía detuvo a Ángel Ojeda cuando la Unidad de Delincuencia Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya lo estaba investigando. Los agentes defienden que cuando comunicaron que estaban tras los pasos del exconsejero andaluz Ojeda al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO, el órgano del Ministerio del Interior encargado de coordinar las pesquisas de los diferentes cuerpos policiales para que no se produzcan, precisamente, situaciones como la actual), en ningún momento se les comunicó que también lo estuviera haciendo la Guardia Civil.

Los agentes también defienden que su investigación no choca con la desarrollada hasta ahora por la Guardia Civil ya que la Policía está investigando de abajo a arriba y el instituto armado de arriba a abajo. Es decir, la Policía primero interroga a alumnos, posteriormente a profesores y finalmente exige responsabilidades a los encargados de conceder estos fondos públicos una vez que ha detectado que ha habido fraude. La Guardia Civil, de momento, centra sus pesquisas en este primer eslabon de la cadena.