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Los sindicatos apuntan a Pharmula como adjudicataria de Pérez Giménez

Trabajadores de Pérez Giménez manifestándose. | MADERO CUBERO

Manuel J. Albert

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El magistrado de lo Mercantil no ha recibido todavía ninguna comunicación de los administradores concursales de la empresa para la adjudicación final

LPG Pharmula se perfila como la empresa a la que los administradores concursales de Laboratorios Pérez Giménez van a adjudicar esta firma cordobesa. Eso, al menos, avanzan fuentes sindicales consultadas por este periódico. Las mismas aseguran que, consultada la propuesta de Pharmula para hacerse con los laboratorios del Calmante Vitaminado; y recabadas distintas opiniones del entorno de los administradores, LPG Pharmula gana peso con respecto a las otras dos empresas apostantes: Magtel y Norton.

Pero esto no deja de ser una decisión que las mismas fuentes califican como “oficiosa”. De hecho, el juez de lo Mercantil, Fernando Caballero -quien tiene que dar la aprobación final para la adjudicación- ha señalado esta tarde que no ha recibido ninguna información ni documento por parte de los administradores concursales con propuesta alguna de de adjudicación final.

De haber una sola propuesta final, eso significará que solo una de las tres empresas que pujan por Pérez Giménez, cumplían los requisitos exigidos por el juez. De haber más de una, el procedimiento indica que debería realizarse una especie de subasta para determinar cuál de ellas se queda finalmente con la empresa.

Los requisitos marcados por Fernando Caballero a las empresas que se han interesado por Pérez Giménez incluyen una oferta mínima de siete millones de euros, subrogarse al menos el 60% de los créditos hipotecarios de la empresa y mantener al menos al 69% de los 163 empleados que siguen en la fábrica de Almodóvar del Río.

Las mismas fuentes sindicales sitúan a LPG Pharmula como la misma empresa que apoyó el convenio planteado por el último gestor de Pérez Giménez, Sergio Martínez, para salvar la empresa, antes de que fuese concursada. Su convenio fue finalmente rechazado tanto por los empleados como por los acreedores. Martínez planteaba vender la fábrica a un inversor. Según sus cálculos, con el dinero se pagaría el 10% de la deuda de 49 millones de euros, manteniendo la actividad de la fábrica y el empleo de la plantilla, se podría pagar el resto en cinco años.

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