Denunciados los ex administradores judiciales y el primer concursal del Córdoba CF SAD

La batalla legal continúa. Son múltiples los que existen desde tiempo atrás. Ahora corresponde añadir uno más. Otro frente se abre en el complejo relato judicial en torno al Córdoba CF SAD. Esta vez mediante una nueva querella, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 7 de la ciudad. Tal denuncia se formula contra los administradores judiciales del club -sin funciones ya desde el 10 de septiembre-, Francisco Estepa y Javier Bernabéu, y el que fue administrador concursal del proceso habido entre 2011 y 2012, Daniel Pastor. Según el escrito de demanda, son seis los presuntos delitos que señalan: cohecho, negociaciones y actividades prohibidas y abusos en el ejercicio de su función, estafa procesal, administración desleal, corrupción entre particulares y malversación. Para empezar, la titular de la sala mencionada ya cita a declarar a los señalados en calidad de investigados según ABC Córdoba.

De entrada, resulta necesario aclarar que la querella fue interpuesta por la persona a la que Jesús León le adeudaba un millón de euros -y casi medio más por intereses- en concepto de un préstamo. El acuerdo en este sentido se cerró en julio de 2018 con el propio Córdoba CF SAD, del que entonces era propietario y presidente el montoreño, como aval. Así lo expuso en su momento, en información exclusiva, CORDÓPOLIS. El afectado es la empresa Aceites García de la Cruz. Precisamente su condición de acreedor le llevó a iniciar el presente proceso a raíz de los autos dictados en diciembre por el juez Antonio Fuentes, confirmados por Fernando Caballero tras la recusación del primero en febrero -sobre el segundo concurso de acreedores y venta de la unidad productiva-. Consideraba un perjuicio para su derecho de cobro, reflejado además en un despacho de ejecución fechado dictaminado en septiembre de 2019.

En relación a la denuncia, cuya tramitación ha adelantado ABC Córdoba este sábado, se presentó en la Ciudad de la Justicia hace no poco tiempo. Su formulación queda recogida en un escrito de 25 páginas que tiene anexos documentales por más de otras 200 y al que ha tenido acceso este periódico. La demanda, y se apunta al inicio del texto, “se centra en las actuaciones y omisiones voluntarias de su deber, en contra de los intereses del concurso y de manera contraria a la buena fe que de estos profesionales se espera, cuya gravedad trasciende la órbita de la responsabilidad civil y se adentra presuntamente en la penal”. Hace referencia, como quedó dicho, a los ex administradores judiciales, Francisco Estepa y Javier Bernabéu, y al que fue primer concursal, Daniel Pastor. A lo largo del escrito se detalla lo que se considera una actuación fuera de la normativa legal por parte de los tres.

Sobre este último apunte, razón múltiple de ser de la demanda, se insiste en el hecho de que la venta de la unidad productiva se produjo pese a que Estepa y Bernabéu no contaban con autorización para ello. Básicamente, siempre según el denunciante, por el “vaciado de contenido a la actividad de la SAD Córdoba CF”, lo que también “a su vez comprende todos los activos” de la empresa. En este sentido, establece un vínculo con Daniel Pastor, al considerar que no informó debidamente de la situación de falta de pagos de la entidad aun cuando lo sabía con bastante anterioridad. De esta forma, se entiende por parte del denunciante que hubo maniobra, en cierto modo, para allanar el camino hasta los autos dictados por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 7, Antonio Fuentes, allá en diciembre.

Tras una extensa explicación de hechos, la demanda recoge una serie de artículos del Código Penal español por los que plantea pueden haber incurrido en delitos tanto los administradores judiciales como el primer concursal del club. En concreto, son citados los referidos a administración desleal, corrupción entre particulares, estafa procesal, de la negociación y actividades prohibidas a los administradores concursales, de desobediencia grave a la autoridad y, por último, malversación. Así, el escrito concluye con la suplicatoria de admisión a trámite de la querella y la incoación de las diligencias previas “con el objeto de investigar y depurar las responsabilidades que procedan”. Del mismo modo solicita la personación como acusación particular.