El licitador del bar de la piscina de Belalcázar, a punto de ser desalojado, denuncia al alcalde por prevaricación

Un vecino de Belalcázar ha denunciado al alcalde, Francisco Luis Fernández, y al secretario del Ayuntamiento, a los que acusa de varios delitos, entre ellos prevaricación, en la licitación del contrato por el que éste se hizo cargo del bar de la piscina municipal, donde se mudó a vivir y de donde quieren desalojarlo.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso CORDÓPOLIS, este vecino sostiene que en junio de 2016, “obligado por la necesidad sobrevenida” y “ante las presiones ejercidas” por el alcalde y el secretario de la corporación, suscribió un contrato de arrendamiento que tenía por objeto la explotación del bar de la piscina municipal. Lo hizo, explica, en sustitución de su padre, que estaba por entonces hospitalizado, y que ostentaba desde 2013 “la explotación de la totalidad del recinto deportivo”.

El denunciante señala que, a pesar de que el contrato era de continuidad, a él le hicieron firmar un contrato de explotación solo por el bar y que aumentaron el plazo de arrendamiento en 18 años. Todo ello, siempre según su versión reflejada en la denuncia, “se firmó bajo coacción, de manera directa, sin que mediara concurso público de ninguna clase”.

Además, adjunta un “documento privado”, presuntamente firmado por ambas partes, en el que el demandante reconocía “una supuesta deuda generada” por su padre de 11.035 euros, que había de saldar trabajando en el mantenimiento y vigilancia de la piscina. El denunciante, que se trasladó a vivir la piscina municipal, entiende que, con este contrato, el Ayuntamiento lo convirtió en trabajador municipal, aunque nunca haya cobrado por ello ni haya disfrutado de ningún derecho asociado.

Sin embargo, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la liquidación del contrato de gestión del bar de la piscina y el desahucio del hombre, que alegaba que no piensa irse hasta que que le notifiquen legalmente la liquidación del contrato de trabajo por el mantenimiento de la piscina y hasta que se resuelva el recurso que ha interpuesto en el que pide la nulidad de los contratos suscritos.

En este sentido, entiende el demandante que, como no se resolvió el anterior contrato -el que había suscrito su padre en 2013-, ambos están solapados, al tiempo que recuerda que la licitación que le ata a él al bar de la piscina, “no salió a subasta pública”. Por todo ello, alega que el alcalde y el secretario han cometido un delito de “prevaricación”.