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Separada, sin recursos y al cuidado íntegro de su hijo con autismo: el grito de una madre que ha llegado al Supremo

Marta, la madre del menor | MADERO CUBERO

Alejandra Luque

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El salón de la casa de Marta (nombre ficticio) apenas tiene un sofá, una televisión, una pequeña mesa y cuatro sillas. En las paredes no hay cuadros ni espejos. Tan sólo una estantería repleta de libros y juguetes que hoy ha podido ordenar. Quedamos con ella a las 10:00 en su vivienda. Recoge toda una casa después de que su hijo, de 11 años, haya entrado de nuevo en el centro durante las mañanas. Jesús (nombre ficticio) no tiene un comportamiento como el de cualquier otro niño. Sufre autismo severo con hiperactividad, discapacidad intelectual grave y problemas conductuales, una enfermedad que lleva al extremo a Marta y a él mismo. Una desproporcionada sentencia de divorcio por la guarda y custodia del menor ha llevado a que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite su último recurso en busca de un cuidado del menor más equitativo.

Ambos viven en un bajo con rejas dado que Jesús intentó en dos ocasiones escaparse de casa. Viven en la capital mientras que el padre del niño lo hace en un pueblo de Córdoba, en la que es todavía la vivienda familiar. En 2017 firmó los papeles de divorcio después de 22 años de relación, toda una vida de la que ahora Marta pocas cosas saca en positivo. Habla con una desesperación disfrazada de sosiego fruto de las pastillas que toma por el cuadro de estrés y ansiedad con el que vive a diario.

Si duro es escuchar a una madre hablar en esos términos, más aún lo es para ella, cuya lucha ha ido siempre encaminada a que el niño “disfrute de su padre y de su madre y que no acabe en una residencia”, pero a Marta se le acaban las fuerzas. Desde que el menor regresa del centro, a las 15:00, “estar en casa es insufrible y horroroso”. “Todo consiste en derruir, come compulsivamente, ha tirado garrafas de aceites, botes de detergente a la lavadora, tengo escondidos los tarros en la cocina, la puerta siempre está echada y con las llaves guardadas. Nunca descanso. Siempre estoy en vigilia porque no sé qué puede ocurrir esa noche”. Marta enumera una tras otra las conductas de su hijo y otras no aparecen en estas líneas por respeto a su intimidad y a la gravedad.

Su relato es también el de una mujer maltratada dedicada buena parte de su vida al cuidado del hogar. Su sentencia de divorcio fue dictada por el Juzgado de Violencia contra la Mujer. El desencadenante se produjo cuando su exmarido cambió la cerradura de la vivienda familiar. En aquel momento, en 2017, la pareja y el pequeño se habían trasladado a vivir a la capital hacía poco tiempo. Marta acudió a la casa para recoger sus cosas después de recibir un mensaje de la abogada de su exmarido en el que le anunciaba la repentina separación. Ella no podía ni imaginar que su exmarido llevaba tiempo planeando su divorcio, tal y como cuenta a CORDÓPOLIS. “Lo llamé y no me descolgaba el teléfono. Le escribía y no me contestaba. Le llamaba a la puerta y me decía que no quería abrirme. Yo no entendía nada. Finalmente se personó la Guardia Civil pero poco pudieron hacer porque no podían entrar en mi casa sin una orden judicial”, relata esta mujer.

No le quedó más remedio que denunciar los hechos. El trabajo de la Guardia Civil llevó a que esta mujer explicara que el episodio de la puerta era la punta del iceberg de todo lo que había vivido. Detrás de eso había “gritos, malos tratos, vejaciones y alguna agresión física”. “Me infravaloraba porque él tenía una carrera y yo, no, y en una ocasión ya me aseguró que si me iba de la casa, me iba a tragar al niño íntegramente. Con esas palabras. Le preguntaba si me quería y no sabía qué responderme”, recuerda Marta, que en su casa escondía un folleto sobre atención a la mujer maltratada del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía. Temblaba cuando su exmarido lo descubrió. “Le dije que estuviera tranquilo, que no le iba a denunciar, y me aseguró que si lo hacía iba a ir en detrimento de la economía familiar porque tan sólo le pondrían una multa”. Y Marta no denunció. Hasta aquel episodio que marcó un antes y un después en su vida.

En la sentencia de divorcio, la jueza estipuló la custodia para Marta y tres horas los martes y jueves y un fin de semana al mes con el padre, que tenía que ir a Córdoba a recoger al niño. En el documento, consultado por este medio, el exmarido alegó la necesidad de vivir en el pueblo debido a su trabajo y la imposibilidad de cuidar más del menor dado los días de guardia que tiene en la empresa para la que trabaja. Sin embargo, señala la madre, “esos días no son tales sino que sólo debe estar localizable. De hecho, antes de la sentencia de divorcio, él se llevaba al niño esos días y no había problema”. La jueza también estipuló una pensión compensatoria de 100 euros durante cuatro años. “Yo no pedía dinero. Mi situación personal es tan límite que sólo iba buscando descanso”.

Ambas partes recurrieron la sentencia ante la Audiencia Provincial de Córdoba y la vida de Marta se complicó aún más. “El fin de semana que está con el padre, que es cada mes y medio, recoge al niño en mi casa a las 11:00 del sábado y regresa a las 20:00 del domingo y la pensión compensatoria es de 200 euros durante dos años, la misma cantidad al fin y al cabo que en la sentencia anterior”, cuenta. Los martes y los jueves, el padre ya no está obligado a dejar al pequeño en la vivienda de la madre sino que debe ser ella quien se traslade al lugar en el que se encuentre. “Mi exmarido juega mucho conmigo y utiliza esto para tenerme alerta. Yo nunca sé dónde se encuentra y tengo que ir donde esté”. Antes de recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, Marta solicitó una mediación ante la Junta de Andalucía para no alargar  más el litigio judicial. Su exmarido se negó y a ella no le quedó otra alternativa que presentar un recurso de casación ante dicho tribunal.

Dos años después de su divorcio desconoce por qué no se ha efectuado todavía la liquidación de los bienes gananciales. “El coche, por ejemplo, está a nombre de mi hijo y lo utiliza él, aún teniendo otro vehículo”, afirma. El pasado 14 de agosto, Marta pudo por fin regresar a la casa del pueblo a recoger todas sus pertenencias. No sabe cuál será la respuesta del Supremo porque se siente abandonada por la justicia. Todavía está pendiente el juicio a su exmarido por los malos tratos, en el que se le pide un año de prisión.

Ahora echa la vista atrás y lamenta el tiempo que ha perdido su hijo durante los años que vivieron en el pueblo. “Estoy segura de que si nos hubiéramos venido a Córdoba, Jesús habría tenido muchos más recursos y su grado de autismo no sería tan severo”. Además, su intelecto le lleva a reconocer que tiene padre y “cuando vuelve de estar con él, es desgarrador escucharle cómo lo llama porque no entiende la situación”. En el último informe de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Reina Sofía le aconsejaron el ingreso del menor en una residencia, una alternativa que Marta ya sí ha abordado. “He estado luchando año tras año para evitar eso, para que mi hijo disfrute de sus padres, pero es imposible. Es una contradicción para mí porque sé que mi hijo estaría bien en una residencia pero es mi niño y yo soy su madre. Pero no puedo abordar esto sola”. Sus amistades entienden su situación pero ella tomó la decisión de no salir ni siquiera a tomar un café porque el comportamiento de su hijo lo imposibilita todo. Mientras espera la resolución del Tribunal Supremo, Marta afronta los días en casa recogiendo por las mañanas y atendiendo a su hijo por las tardes y las noches.

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