Un informe señala que Córdoba ha perdido un 36% del empleo en los bancos en los últimos diez años

Un informe elaborado por CCOO en Andalucía con datos del Banco de España señala que en la provincia de Córdoba se han perdido un 36% de los puestos de trabajo en el sector financiero en los últimos diez años. Esta pérdida de empleo es superior al cierre de sucursales bancarias en la provincia. Según los mismos datos, en Córdoba se han cerrado el 32% de las oficinas, 222 en total.

El proceso de desmantelamiento de la red del sistema financiero andaluz no es ajeno al que se ha producido a nivel estatal. Así, en España se han perdido 88.856 empleos (el 32,81% del existente en 2008, fecha de inicio de la crisis) y 19.651 oficinas (el 43,04% de la red en el mismo periodo); todo ello fruto de la reestructuración en un sector que, año tras año, ha vivido una disminución de la competencia por la concentración de entidades. Esta disminución continua de las oficinas y del personal ha provocado la exclusión financiera de amplias capas de la población, especialmente en zonas rurales.

Durante el periodo analizado, Andalucía perdió el 39,10% de su red comercial, o lo que es lo mismo, 2.741 oficinas (de ellas, 191 en el año 2018) de las que mantenían las 43 entidades financieras (7 incluidas en la CECA –antiguas Cajas de Ahorro-, 24 del ámbito de la Asociación Española de Banca –AEB- y 12 Cooperativas de Crédito). Estos cierres suponen el 13,94% del total a nivel nacional, aunque el peso de la red andaluza sobre el total estatal se ha incrementado ligeramente pasando del 15,35% en 2008 al 16,41% en 2018.

En diciembre de 2017 Andalucía contaba con 4.460 oficinas bancarias, que a finales de 2018 se redujeron a 4.269, o sea, 191 oficinas menos, con lo que ello implica de falta de atención a la clientela en muchas localidades cuya población ha sido condenada a la exclusión financiera y, con ello, a una mayor desigualdad.

Por provincias, Sevilla es la que más oficinas ha cerrado en términos absolutos (658 entre 2008 y 2018) seguida de Málaga que cerró 629 oficinas (el 45,15% de su red, o sea, un 1,69% más que Sevilla y 6 puntos por encima de la media andaluza), aunque en términos relativos, Almería es la provincia más castigada con el cierre del 46,67% de la red (329 oficinas). Por su parte, Cádiz ha sufrido el cierre de 335 oficinas (el 42,24% del total), seguida de Huelva que ha desmantelado el 38,06% de la red (169 oficinas). Las provincias menos afectadas por los cierres han sido Jaén (164 oficinas, el 26,03%), seguida de Granada (el 27,84% de la red o lo que es lo mismo, 235 oficinas) y Córdoba (el 32,31%, 222 oficinas)

Menos empleo

En lo que respecta al empleo, nuestra comunidad ha perdido 13.793 empleos desde el 2008 pasando de más de 37.000 personas a poco más de 23.500 en el 2018. Esto supone que en Andalucía se ha destruido el 36,94% del empleo directo que mantenían las entidades financieras en el año 2008.

Por provincias, la que más ha sufrido la crisis ha sido Cádiz con una pérdida del 45,71% del empleo (2.040 personas menos); Huelva, que ha perdido el 44,23% de su plantilla (931 empleos); Sevilla, con el 38,51% (3.278 empleos) y Granada con una pérdida del 36,90% (1.621 empleos menos) que está muy pareja a la de Córdoba (el 36,39% menos de plantilla). La provincia que menos ha reducido porcentualmente su plantilla ha sido Málaga con un 30,61% (2.267 empleos) y Almería con un 33,69% (1.262 empleos).

Y mientas el empleo y las oficinas descienden año a año, —a pesar del mantenimiento de los beneficios de las entidades—, las prolongaciones de jornada siguen siendo una “triste realidad” en el sector fruto del incremento de las cargas de trabajo, de la presión comercial y de las nuevas exigencias de formación que obliga a la plantilla a una formación continua y muy exigente y a destinar muchas horas de su tiempo libre para realizar multitud de cursos.

Para luchar contra el fraude que suponen a la Seguridad Social, a la Hacienda Pública y a la sociedad en general los millones de horas extra sin remunerar que se hacen en el sector financiero, CCOO, además de recurrir a las Inspecciones de Trabajo y denunciarlo públicamente, elevó al Tribunal de Justicia de la UE la obligatoriedad de las empresas de llevar un registro de jornada. Este Tribunal falló a favor de nuestra demanda, lo que vino a reforzar la medida dictada por el gobierno mediante RD 8/2019 sobre control horario. Actualmente, estamos en vías de negociación en las mesas de convenio de banca, antiguo ahorro y cooperativas de crédito sobre la forma de instrumentar este control horario para que, de verdad, sea efectivo.