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Protesta de la plantilla de la ayuda a domicilio para reclamar la creación de “una sociedad mercantil”

Trabajadoras de la ayuda a domicilio, a las puertas del Ayuntamiento | MADERO CUBERO

Alejandra Luque

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Más de medio centenar de personas de la plantilla de la ayuda a domicilio han exigido este lunes a las puertas del Ayuntamiento la creación de una sociedad mercantil a través de la cual se municipalice el servicio. El pasado 28 de  marzo, el Consistorio celebró una comisión para abordar dicha creación, que recibió ocho votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones. Ganemos e Izquierda Unida, junto a los sindicatos CGT, CTA y UGT, votaron a favor, mientras el PSOE, CCOO y el Consejo del Movimiento Ciudadano se abstuvieron, el PP votó en contra y ni UCOR ni Ciudadanos acudieron.

La delegada de CTA de ayuda a domicilio, Olga Perales, ha criticado la posición del PSOE en aquella comisión “ya que es increíble que un partido de izquierdas se abstenga ante una mejora a las trabajadoras y a los usuarios”. El cambio a una sociedad mercantil supondría, entre otros beneficios, “que otros usuarios puedan acceder al servicio ya que la lista de espera es muy larga” y que “los cuadrantes subirían”, lo que implicaría pasar de un sueldo “de 300 o 400 euros a 800 o 900 euros”.

En la concentración, más de medio centenar de trabajadoras ha pedido, además, que la empresa que gestiona el servicio cumpla el pliego de condiciones, hecho que, asegura, no se está dando. En este sentido, Perales ha explicado que “si una trabajadora tiene tres o cuatro horas, la empresa le coloca una jornada partida, por lo que no le da opción a buscar otro tipo de empleo”. La delegada de CTA ha asegurado, además, que la empresa no está cumpliendo con el pago de 200 euros que cada trabajadora iba a recibir en el caso de que se quedara embarazada. “Se lo hemos reclamado a la empresa y nos dice que no somos quien para reclamar eso, sino el Ayuntamiento”, ha comentado Perales.

Por su parte, la presidenta del comité de UGT, Rosario Crespo, ha recordado que si la empresa no cumple con el convenio íntegro se la podría sancionar, lo que conllevaría la retirada del servicio. “Pero hay que recordar que este servicio no puede dejar de prestarse”, ha dicho, porque son muchos los usuarios que dependen de él. Además ha señalado que es “increíble” que las administraciones “no vean la precariedad” de las trabajadoras y los incumplimientos continuos por parte de la empresa, como la inexistencia de un plan de riesgos laborales o la no convalidación de las enfermedades profesionales.

La propuesta de la creación mercantil será elevada a Pleno este mismo martes y no saldría adelante con los posicionamientos actuales.

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