Córdoba perderá en dos años una cuarta parte de sus policías locales y bomberos

En dos años, Córdoba capital sufrirá una merma dramática de sus efectivos en las plantillas de la Policía Local y bomberos. En este tiempo, y a estas alturas, es ya imposible convocar unas oposiciones que eviten una merma que van a dejar literalmente en cuadro las plantillas municipales de estos dos cuerpos de seguridad. La Policía Local tendrá un 18% menos de efectivos en 2019. La de bomberos, un 19,62%. Y ya no da tiempo a que para entonces se puedan convocar las plazas, celebrar los exámenes y formar a los agentes.

El Ayuntamiento ya trabaja con este escenario sobre la mesa. El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, ha reiterado esta semana los problemas de seguridad a los que se enfrenta la ciudad en los próximos dos años y los ha achacado directamente a las restrictivas leyes estatales de contratación de personal. El Ayuntamiento no puede dedicar más del 1% de su superávit a la contratación de nuevo personal. Con esas cifras, es imposible reponer los 71 policías locales (de una plantilla total de 393 efectivos) que se van a jubilar o los 31 bomberos que también se retiran (de una plantilla de 158 efectivos que atiende dos parques).

La situación es alarmante en los dos cuerpos. La ratio de policías locales en Córdoba queda en un agente por cada 1.000 habitantes, aproximadamente, cuando la Unión Europea considera que debería haber al menos 1,6 por cada millar de vecinos. Ciudades como Zaragoza tienen una plantilla de 1.000 policías locales. En proporción, Córdoba debería tener 500, pero se va a quedar en 322 en 2019.

En el caso de los bomberos, el riesgo también es extremo. Aumente ya avanzó que con el recorte de efectivos que se viene encima será difícil mantener operativos los dos parques municipales, y que seguirá firmando decretos para cubrir turnos como lleva haciendo prácticamente desde el principio del mandato.

¿Qué opciones hay de evitar el drástico descenso en las plantillas? Pocas. Sobre el papel ya es imposible atajar la merma que se va a producir en las plantillas. Formar a un nuevo policía o a un nuevo bombero lleva al menos dos años de plazo, desde que se convoca la plaza hasta que se adjudica y el efectivo ya está plenamente operativo. El Ayuntamiento sí que puede hacer una oferta temporal de comisiones de servicio para que agentes de otros puntos de España puedan trabajar en Córdoba, pero por un plazo máximo de un año. Y además, es probable que el Gobierno apruebe una nueva normativa que permita jubilarse a los policías locales a los 60 años. Esa sería ya la tormenta perfecta para la plantilla municipal.

El problema radica en la imposibilidad de convocar una gran oferta de empleo público en las plantillas de policía local y bomberos como hizo el Ayuntamiento en los años ochenta. Entonces, los consistorios tenían más libertad para contratar (y endeudarse) sin estar tan vigilados por el Gobierno central. En Córdoba, de una tacada se duplicaron las plantillas de la Policía Local y de los bomberos. Ahora, casi todos esos agentes que entonces tenían la misma edad se jubilan a la vez.

Para paliar la situación, el Ayuntamiento necesita sacar una oferta para la contratación de al menos un centenar de nuevos policías y medio centenar también de bomberos. El Consistorio tiene dinero para hacerlo, pero la normativa se lo impide. En plena crisis de deuda pública, el Gobierno aprobó una ley que buscaba atajar lo que debían los ayuntamientos de toda España. Una de ellas fue la restricción para contratar personal. Por ejemplo, un Ayuntamiento como el de Córdoba no puede dedicar anualmente más del 1% de su superávit (que no es muy alto) a contratar personal.