El futuro de Rabanales Plaza depende de un informe de impacto ambiental

Es la piedra filosofal para desbloquear el proyecto. Este jueves, los responsables del parque científico tecnológico Rabanales 21 y de la Gerencia Municipal de Urbanismo han mantenido una reunión al más alto nivel con el objetivo de desbloquear la construcción de un centro comercial que, en principio, sería el que salvaría económicamente el futuro de toda la entidad. En la cita se llegó a una conclusión: la celeridad para la puesta en marcha de esta iniciativa depende de un documento, un informe de impacto ambiental que requiere la Junta.

En la reunión, que las fuentes han calificado como “muy positiva”, se han planteado dos escenarios. El primero es el peor: que haya que elaborar el informe de impacto ambiental. El segundo, el más optimista: que no haya que hacerlo. En ambos casos, las fuentes se niegan a hablar de un “kilómetro cero” en el proyecto, pero sí que admiten que habría que volver atrás varios pasos.

De momento, la innovación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que Rabanales 21 pueda tener un centro comercial está aprobada provisionalmente por el Pleno. Con el último informe de la Junta, habría que volver a aprobar la innovación provisionalmente, abrir un nuevo proceso de alegaciones y ya darle el visto bueno definitivo. Las previsiones más optimistas plantean que como mínimo el plazo se dilataría otros seis meses más.

Hasta ahora, la Junta de Andalucía está exigiendo en todas las innovaciones urbanísticas el estudio de impacto ambiental. Hasta que se aprobó el decreto, en 2014, no era necesario un informe similar al que tienen que acometer los proyectos de infraestructuras como las autovías. Desde entonces, el gobierno andaluz lo aplica con rigor.

La redacción de un informe de impacto ambiental no es rápida, precisamente. El parque de Rabanales 21 no se ubica precisamente en suelo de especial protección, pero sí que tiene una serie de condicionantes a tener en cuenta, como su proximidad al Guadalquivir.

Mientras tanto, la Gerencia de Urbanismo ya ha iniciado contactos con los servicios centrales de la Junta de Andalucía para tratar de resolver el encasquillamiento al que se ve sometido el proyecto. Una de las consultas tiene que ver precisamente con que el gobierno andaluz responda, taxativamente, si es necesario o no tener el estudio de impacto ambiental. Desde el Ayuntamiento se argumenta que el inicio de la innovación es anterior a la entrada en vigor del decreto de la Junta, y que por tanto el informe no sería necesario. El gobierno andaluz tiene muchas dudas.