Stop Desahucios denuncia el desalojo de una familia que vive en el Convento de las Clarisas

Desde el año 2005, Juan Rafael Mazo, su esposa Luz Elena González y sus dos hijos viven en una casa situada dentro del Convento de las Clarisas, donde fueron acogidos y han residido desde entonces a cambio de trabajar en labores de mantenimiento del monasterio, así como del cuidado y ayuda a las monjas mayores del mismo. Ahora que las hermanas han sido destinadas a otros conventos y que este inmueble va a ser puesto a la venta, la Orden de las Clarisas quiere que esta familia abandone la vivienda, según ha denunciado este viernes la plataforma Stop Desahucios junto al propio Juan Rafael.

Con el certificado de empadronamiento en ese inmueble desde abril de 2005, documentos de la madre abadesa de ese mismo año y de 2015 que certifican la residencia de la familia allí, además de un acta notarial que igualmente señala que son los residentes de la vivienda del convento, Juan Rafael, Luz Elena y sus hijos piden que las Clarisas no les dejen en la calle sin antes buscar “una solución habitacional”.

“A partir del mes de mayo de 2016 comienzan a presionarle para que abandonen la vivienda y en una ocasión llegar a cortarle la luz”, denuncia Stop Desahucios. Reciben, posteriormente, un escrito del abogado de las monjas que “le conminan a abandonar la vivienda el día 1 de agosto (...) Les amenazan con llevarlos a los tribunales y dejarlos en la calle, y hace unas dos semanas les han planteado que abandonen la vivienda a cambio del pago de 2.400 euros”.

“Ellos no quieren dinero. Quieren una alternativa para vivir”, explica el portavoz de Stop Desahucios, Rafael Carmona. “Se irán cuando tengan una alternativa. No puede ser que las monjas se olviden de esta familia y que se quede en la calle”. La plataforma, entretanto, pretende ponerse en contacto con la Orden de las Clarisas para mediar en la situación e intentar conseguir que “se les ofrezca una vivienda para que puedan seguir su vida con cierto margen para poder incorporarse a la sociedad y que no los dejen tirados en la calle”.

Aluden a que la familia, a cambio de la residencia dentro del convento han realizado un trabajo por el que “no han recibido ninguna retribución ni alta en la seguridad social que le hubiera permitido tener derecho al desempleo, cosa que les han negado”, critica Stop Desahucios, que señala al beneficio económico que la orden pudiera tener con la venta del inmueble como un medio para “disponer de parte del dinero para resolver satisfactoriamente el problema habitacional de la familia”.

Las Clarisas dicen que eran “invitados” y les ofrecen ayuda

Consultada por estos hechos la madre abadesa del convento, María Rosario Sánchez Muñoz, ha querido explicar en un comunicado “ante los acontecimientos que están provocando el desahucio en precario” de la citada familia, que ocupan las dependencias del edificio “en calidad de invitados y huéspedes como hermana y cuñado de Sor Clara” y que, ante el traslado de todas las hermanas a otros monasterios “se les comunicó con antelación suficiente que debían desalojar dichas dependencias”.

“En todo momento se les está ofreciendo ayuda, tanto para encontrar trabajo como para el pago del alquiler de un piso, por todos los medios se le ha procurado buscar una solución y siempre hemos encontrado la negativa como respuesta y actitudes de provocación para seguir viviendo en las dependencias conventuales, desprestigiando a esta Orden de la que ha vivido durante trece años”, en lo que califica como “intereses personales y torticeros de dos personas que sólo han recibido ayuda de este convento.

Asimismo, la madre abadesa reitera que todo el tiempo en el que la familia ha permanecido en el convento “lo han hecho como huéspedes, nunca ha existido cobro ni pago de alquiler alguno, ni agua, ni luz” y niega que no hayan recibido contraprestación por sus labores: “Cuantos trabajos han realizado en el monasterio bien de limpieza o ayudando a las hermanes ancianas, han sido retribuidos económicamente de una manera generosa”.

Por último, señala que actualmente “se les sigue ofreciendo trabajo y ayuda en el alquiler de un piso, por lo que sólo puede justificarse su empecinamiento de no aceptar ninguna de las soluciones ofrecidas, al abandonar las dependencias del convento, en un deseo de aprovecharse de los derechos sociales de un país democrático que les ha acogido con los brazos abiertos”, concluye.