Denuncian vejaciones en un centro de discapacitados en Pozoblanco

Antonio Miguel Rodríguez, una vecino de Las Palmas de Gran Canaria de 46 años con el cuerpo paralizado por un accidente, ha denunciado ante la Guardia Civil de Pozoblanco las supuestas vejaciones sufridas en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (Camf) que el Imserso tiene en el municipio cordobés, avanzó El Confidencial hace unos días. El centro público, a su vez, ha ordenado su expulsión al no considerarlo “apto” para permanecer internado. La madre y la hermana -tutora legal del afectado- denuncian que sufren acoso de la dirección, que les impide desde septiembre acceder a las instalaciones para ver a su familiar.

Para la familia, tanto Antonio Miguel como ellos están siendo víctimas de una presión orquestada con el único fin de que se vayan. “Mi hermano no se pude mover pero sí que puede hablar. Y se queja mucho. Eso ellos no lo pueden tolerar. Tampoco las denuncias que hemos puesto”, relata María Jesús, hermana del interno. Una de las últimas denuncias la puso el afectado el jueves de la semana pasada ante la Guardia Civil. De nuevo se queja de faltas graves en las atenciones. “Incluso se les olvida darle de comer”, afirma su hermana.

En la diligencia, Antonio Miguel explica a la Guardia Civil que ese mismo día no funcionaba el timbre de su habitación con el que se llama a los cuidadores. Por esta incidencia, afirma, no pudo avisarles de que era necesario su aseo por estar “cagado y meado”. “Me dijeron que desayunase así en la cama, cuando suelen llevar al comedor (...) Desde agosto, tengo mis partes llagadas por este trato”, afirma.

El relato ante la Guardia Civil continúa dibujando un clima de miedo dentro del centro en el que, según el denunciante, otros pacientes no hablan por temor a sufrir un trato similar. Además, Antonio Miguel insiste en que no se le permite asistir con normalidad a las reuniones entre internos y cuidadores ni tampoco ver a su familia.

La intención de la madre y la hermana del interno es llevarlo de vuelta a Canarias para que sea atendido en un centro especializado de Las Palmas o de Tenerife, pero al no haber plazas, el sistema público lo derivó a Córdoba. Desde que sufrió el accidente que le dejó en silla de ruedas en la playa de Melenara, en Telde (Gran Canaria) en 2011, el hombre ha pasado por centros de Barcelona y Toledo, antes de recalar en Los Pedroches.

El calvario que describe la familia comenzó en Pozoblanco al poco de llegar Antonio Miguel, a finales de junio. Según denunció por escrito la familia, a los meses de llegar al interno se le retiró la silla de ruedas de motor eléctrico que usaba para desplazarse. La familia explica que, debido al peso del vehículo -unos 100 kilos- y del propio usuario -unos 97- los cuidadores se quejaron a la dirección de los problemas para moverlo.

La solución fue sustituir la silla de motor eléctrico por una manual que impide a Antonio Miguel desplazarse autónomamente. En septiembre, además, el denunciante afirma que sufrió un accidente en el exterior al deslizarse la silla manual hasta una carretera y terminar él herido en el asfalto.

Ese mismo mes, la familia recibió un escrito fechado el 5 de septiembre que ordenaba la expulsión del Antonio Miguel, al no considerarse apto para ser atendido allí. La medida se tomaba sin que la familia hubiese obtenido plaza en Canarias, defiende la hermana. María Jesús recurrió la orden pero el 27 de septiembre recibió respuesta de la subdirectora General de Gestión del Imserso, rechazando la suspensión.

Paralelamente, el mismo mes, el centro de Pozoblanco decretó la prohibición de que ningún familiar de Antonio Miguel pudiese acceder a las instalaciones. De nuevo María Jesús, a través de su abogado, recurrió por escrito. En el documento de su letrado se destacan “lo ambiguo” de las razones para impedir el acceso a los familiares. Además, resalta que el centro no especifica sobre quién recae en concreto la medida. Ni la hermana ni su madre, señala el escrito del representante legal, “han protagonizado ningún incidente en el centro”.

Hace dos semanas, Antonio Miguel Rodríguez protagonizó una huelga de hambre de seis días en protesta por la situación que padece. Además, en la plataforma Change se recogen firmas denunciando los hechos.