El juez pide 18.000 euros a CTA para personarse en la causa contra Reina

El sindicato recurre la decisión y asegura que pondrá el dinero para poder ser acusación popular en la denuncia contra Rafael Navas por la gestión del Alcázar

El titular del Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba ha solicitado una fianza de 18.000 euros al sindicato CTA para poder personarse como acusación popular en el caso en el que investiga al exconcejal del PP y expresidente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) Miguel Reina. El sindicato espera que el juez solicite también una fianza importante en otro caso en el que también quiere personarse, el que investiga el mismo juzgado sobre la gestión del exconcejal del PP Rafael Navas y la gestión que bajo su mandato se hizo del Alcázar de los Reyes Cristianos.

El coordinador general de CTA, Francisco Moro, ha considerado que el importe de esta fianza es “absolutamente desproporcionado”, sobre todo para un sindicato “que no recibe subvenciones de ningún tipo sino que vive de las cuotas de sus afiliados”. Moro ha anunciado que sus abogados ya han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial para evitar esa fianza y que harán lo mismo en el caso de que se les pida una fianza para la instrucción de Rafael Navas.

CTA presentó dos denuncias en los juzgados que son las que han motivado la apertura de las causas. Al principio, la Fiscalía no vio indicios de delito pero posteriormente al recibir la información del juzgado sí, y fue lo que motivó que se citara a los dos exconcejales en calidad de investigados. La citación estaba prevista para la pasada semana, pero fue aplazada por el recurso de CTA, que quiere actuar como acusación particular.

En principio, CTA ha anunciado que en caso de que el juez indique que la fianza es obligatoria la abonarán, aunque solo en uno de los dos casos abiertos: el de Rafael Navas y la gestión del Alcázar. “Haremos un esfuerzo”, insistió Francisco Moro, que lamentó también que el Ayuntamiento no se haya personado en la causa. “El Alcázar no es de CTA, sino de todos los cordobeses”, ha denunciado.

Nada más conocerse la citación del juzgado a Reina y Navas, el sindicato reclamó al juzgado su personación como acusación particular o popular, entre otras cuestiones para poder acceder a la información recogida en el informe de Fiscalía que ha servido de base para la llamar a los dos exconcejales ante el juez.

Navas y Reina declararán ante el juez een “calidad de investigados” (término que ha sustituido recientemente al concepto de imputado) por sendos delitos de “presunta prevaricación administrativa”. La citación judicial se apoya en un informe del Ministerio Fiscal que, dada la comparecencia “en calidad de investigados”, estima indicios de delito y da credibilidad a la denuncia planteada el pasado 9 de octubre por el sindicato CTA, que presentó en los juzgados sendos escritos en los que se alertaba de la presunta prevaricación por el fraccionamiento irregular de contratos en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) -cuyo presidente era Miguel Reina- y en el Alcázar de los Reyes Cristianos, cuyo responsable político era Rafael Navas, como delegado de Turismo.

En el caso del Instituto Municipal de Deportes, el primer escrito del sindicato CTA ante la Fiscalía se remonta al pasado 22 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales, y en él se denunció el presunto fraccionamiento irregular del contrato con la firma de abogados Cuatrecasas. Según la denuncia, Reina, a través de sendos decretos firmados en mayo y octubre de 2013, habría eludido el límite económico para este tipo de contratos menores (30.000 euros) para contratar al bufete catalán que, entre otras cuestiones, llevó el proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el organismo municipal.  La suma de estos dos contratos ascendió a 36.905 euros.