Reclaman 35 millones a los exgestores Pérez Giménez

La Fiscalía Provincial se suma a la petición de indemnización contra 13 personas: la familia Pérez Giménez, Guillermo Sada, Jacinto Romeu, Sergio Martínez, Encarnación Ibáñez, Joaquín Garreta y el imputado en la trama de los ERES José Enrique Rosendo

Fue una “hecatombe empresarial”. Así describen los administradores concursales de Laboratorios Pérez Giménez la gestión de todos los responsables de la compañía farmacéutica cordobesa antes de que finalmente entrara en concurso de acreedores. Los administradores concursales acaban de remitir al Juzgado de lo Mercantil su informe de calificación sobre el concurso con unas conclusiones demoledoras. Así, consideran que ha habido “dolo” y “culpabilidad” en la gestión y reclaman indemnizaciones a todos los exgestores de Pérez Giménez que alcanzan los 35 millones de euros en total.

En un extenso informe concursal, al que ha tenido acceso este periódico, los administradores concursales culpan a todos los gestores anteriores de la situación económica de los laboratorios Pérez Giménez que ha acabado con una empresa en quiebra, con la extinción de 250 puestos de trabajo, con una deuda astronómica con bancos, particulares y administradores públicas, y con una de las fábricas de medicamentos más modernas del Sur de Europa a punto de ser vendida por lotes y, por tanto, desmantelada.

A los primeros a los que le piden responsabilidad y una importante indemnización es a la familia Pérez Giménez, herederos de Pérez Giménez (el inventor del popular Calmante Vitaminado). En concreto, a Antonia, Diego y Fernando Pérez Pérez Giménez se les reclama el pago de un total de 5,7 millones de euros. Aparte, y al haber sido el administrador de la empresa Diego Pérez Giménez SA, los concursales, en un escrito al que se ha adherido la Fiscalía Provincial, reclaman a Francisco José Pérez Pérez Giménez el pago de 5,6 millones de euros.

Los concursales también reclaman al exdirector general de los laboratorios Guillermo Sada el pago de un total de tres millones de euros, al considerarlo responsable de muchas de las decisiones que se tomaron antes de que la familia decidiera finalmente vender la compañía a Tecris.

En cuanto a Tecris, los concursales también reclaman fuertes indemnizaciones. En concreto a esta empresa y a Kabama Consulting SL se les reclama el pago de 2,1 millones de euros. A Jacinto Romeu Masip, propietario de las compañías que adquirieron Pérez Giménez, se le exige un pago de cinco millones de euros. Joaquín Garreta, en su calidad de administrador de Tecris, se enfrenta al pago de una indemnización de 4,7 millones de euros.

En la calificación concursal también aparece uno de los principales imputados en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Es José Enrique Rosendo, el intermediario que lleva Tecris a Pérez Giménez. A él se le reclama el pago de 1,8 millones de euros. También aparece el caso de una antigua diputada del PSOE, Encarnación Ibáñez Vázquez, que ejerció también como responsable de Tecris y para la que los administradores reclaman el pago de 1,89 millones de euros. Para Sergio Martínez, que ejerció como administrador de Pérez Giménez poco antes de que solicitara el concurso de acreedores, la petición de pago suma 2,6 millones de euros.

A esto habría que sumar otros dos millones más de indemnización a repartir entre Jacinto Romeu, Joaquín Garreta, Rosendo, Encarnación Ibáñez y Sergio Pascual por la gestión de un préstamo. También se incluye una petición para un abogado de 152.000 euros y para otro profesional de 124.000 euros por “daños y perjuicios” causados en la empresa.

Además, los administradores reclaman que los exgestores de Pérez Giménez sean condenados a cubrir el déficit generado en Pérez Giménez. Así, a la familia Pérez Giménez le reclaman que cubra la mitad del déficit, a Tecris y Kabama un 10%, a Rosendo, Masip y Garreta otro 20% y a Sergio Martínez y Encarnación Ibáñez el 20% final.

Por último, los administradores reclaman penas de 15 años de inhabilitación para gestionar o administrar una empresa a cualquiera de los miembros de la familia Pérez Giménez, y de otros diez años al resto de los encausados en este proceso judicial abierto del concurso de acreedores.

Ahora, deberá ser el juez el que acepte esta calificación y tome una decisión. También determinará si finalmente considera “culpable” el concurso, por lo que se podría abrir un juicio oral contra los exgestores en los que las reclamaciones ya no solo serían civiles, sino también penales.