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Procórdoba se disuelve y sus trabajadores pasan a la Gerencia

Alcalde y concejales, antes del Pleno del pasado mes de diciembre | MADERO CUBERO

Alfonso Alba

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Tenso debate en el Pleno sobre la privatización o no del alumbrado público y de la residencia de mayores del Guadalquivir

La empresa municipal de suelo Procórdoba ya es historia. El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó ayer por unanimidad la disolución de la compañía. Sus seis trabajadores se reincorporarán ahora en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Su suelo, y también sus deudas, pasarán también a formar parte de este organismo autónomo.

Desde 1996 y hasta el estallido de la crisis inmobiliaria, Procórdoba fue una auténtica máquina de hacer dinero. En estos 17 años de vida, Procórdoba (siempre dependiente del Ayuntamiento) ha llegado a atesorar el mayor patrimonio de suelo de toda la ciudad. Pero ha sido víctima, precisamente, de su éxito. Procórdoba es hoy por hoy inviable financieramente. Si sus suelos valían cerca de 100 millones de euros en 2007 hoy este inmenso patrimonio apenas si vale ya menos un cuarto de la mitad de entonces. Esta depreciación, unida a unas deudas imposibles de pagar, han forzado la que se ha convertido en la única salida viable para la firma: su disolución.

Los gestores de Procórdoba optaron por la disolución y no por la liquidación por una cuestión: agilidad. Según consta en todos los informes si la firma decidiese acudir a la liquidación para hacer frente a sus deudas (y no cargar con ellas al Ayuntamiento) el proceso podría durar varios años. Los informes coinciden en que hoy por hoy es casi imposible vender a un precio razonable el patrimonio de Procórdoba. Por tanto, encontrar compradores y, sobre todo, dinero para sanear las deudas de la firma se antoja casi imposible. Por eso se optó por la disolución.

Por otra parte, el Pleno también aprobó ayer, con los votos a favor del PP y el rechazo de toda la oposición, el pliego de condiciones para la gestión de la residencia municipal de mayores del Guadalquivir. Tanto IU como el PSOE denunciaron que con la ley aprobada por el Gobierno central (y según la cual el Ayuntamiento no puede prestar este servicio) se pone fin a una residencia con un siglo de historia. El Ayuntamiento tiene una residencia de ancianos desde hace 100 años, cuando se abrió en Campo Madre de Dios. Posteriormente pasó a Regina y finalmente a su emplazamiento actual en la barriada del Guadalquivir.

Tenso fue también el debate sobre la privatización o no del alumbrado público de la ciudad. En el Pleno intervino un trabajador del alumbrado público, representante de CCOO en el comité de empresa, Juan Carlos García Ruso, que denunció el proyecto municipal de ahorro energético que conduce, argumentó, a la privatización del servicio. Nuevamente, tanto IU como PSOE afearon al equipo de gobierno la propuesta. La teniente de alcalde de Infraestructuras, Laura Ruiz, defendió su gestión, dijo que ni IU ni PSOE estaban a favor del ahorro energético, y defendió la “gestión público privada” del alumbrado municipal.

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