Varapalo del Tribunal de Cuentas a IU y PSOE

Cinco proyectos financiados con los fondos FEESL incumplieron los principios de transparencia y no discriminación, 12 no contrataron a los parados prometidos y en otros, relacionados con Educación y Dependencia, el dinero acabó en gastos de personal y no en los usuarios

El Tribunal de Cuentas acaba de hacer público su dictamen sobre las actuaciones desarrolladas por los ayuntamientos a cargo del Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL), concedidos en el año 2009 y que, en el caso de Córdoba capital supusieron la entrada de casi 35 millones de euros. El balance no es nada positivo para la gestión del entonces gobierno local (IU y PSOE), ya que se detectan numerosas irregularidades y se pone de manifiesto que Córdoba fue una de las capitales españolas con más baja continuidad en el empleo, una vez que acabó la vigencia de los programas.

En total, y según el análisis del Tribunal de Cuentas, doce de los setenta proyectos suscritos en Córdoba no contrataron a los parados prometidos. Entre ellos, destacan la integración del Parque Cruz Conde en el casco urbano, con un 69% de incumplimiento, la obra para la ejecución del fondo sur del estadio de El Arcángel, con un 66%,  o el proyecto de escuela de participación y banco de recursos en el antiguo cuartel de Lepanto, con un 50% de incumplimiento. En este último caso, además, la inspección señala que se contrató la adquisición de equipamiento por valor de 146.520 euros y que no estaba en el edificio, sino en otros centros, tal y como aclaró posteriormente el Consistorio.

En referencia al parque de Cruz Conde, aparte de la desviación en el empleo el Tribunal de Cuentas indica que se ofreció como mejora la realización de suministros sin que se incluyeran en el proyecto ni se licitasen, que no se motivó la necesidad de contratación y que no se justificaron ni publicaron los criterios de adjudicación. Estos tres últimos errores también se detectan en las obras del fondo sur de El Arcángel, la obra con mayor dotación económica (4,6 millones) en la que “se limitó el disfrute por la ciudadanía de la obra ejecutada, en tanto, si bien el estadio es de titularidad municipal, se realizó una cesión al Córdoba Club de Fútbol por 50 años”, reza el informe.

Junto a esto, el Tribunal de Cuentas denuncia que “en cinco expedientes, todos ellos tramitados por el Ayuntamiento de Córdoba, se vulneraron los principios de transparencia y no discriminación, en tanto que los umbrales a partir de los que se estimaría la forma de cumplir el criterio de fomento del empleo no resultaba viable y no se decidieron hasta la apertura del sobre 2” del proceso de licitación.

Dependencia y Educación

Las irregularidades no solo se quedan en lo que era el espíritu del plan estatal, el fomento del empleo, sino que también afectan a la gestión de los fondos recibidos. Entre éstas destaca la referida al proyecto “Atención a personas en situación de dependencia”. El Tribunal de Cuentas detecta un importante descuadre entre el número de beneficiarios previsto, 25.880, y el que realmente se justificó que solo llegó a 99. Y todo ellos porque “la indeterminación inicial de la actuación sirvió para estimar un elevado número de beneficiarios que no se correspondió con el contenido real de la actuación ejecutada”.

En este proyecto, que contó un presupuesto de 1,8 millones, “se ha comprobado que en la ejecución de la actuación no se cumplieron las proporciones de gasto comunicadas al ministerio. Los fondos financiaron fundamentalmente gastos de personal, lo que conllevó que el número de beneficiarios se redujera a 99” y no se cumplieran las actuaciones previstas, de forma genérica, en la solicitud; indica el Tribunal de Cuentas que además critica que la junta de gobierno local del Ayuntamiento aprobase, el 30 de abril de 2010, un convenio de 26.000 euros con una congregación religiosa sin que en éste “se incluyera la obligación de acreditar las tareas y funciones realizadas por la congregación en el marco del convenio”.

Tampoco se libra de críticas el proyecto “Programas educativos municipales”, dotado con 2,9 millones de euros que, según recoge el dictamen del Tribunal de Cuentas también pecó de indefinición en el destino de los fondos, “constando finalidades genéricas que le permitió aplicarlos a las actividades que consideró necesarias”. De esta manera, la memoria del Área de Educación “fue indeterminada, no estaba fechada y no definió el tipo de gasto ni el coste previsto”.

Esta indefinición “implicó falta de concreción del número de beneficiarios” que se remitió en la memoria al ministerio al que no se le aportó cuál fue el cálculo que se empleó para justificar los fondos recibidos. Y es que, según el dictamen del Tribunal de Cuentas “la actuación se destinó principalmente al pago de gastos de personal de los centros de educación infantil, primaria y secundaria de la localidad”. Por si esto fuera poco, “el importe de los gastos recogidos en la memoria de actuaciones excedió de la financiación obtenida, sin que constase el detalle de los gastos incluidos para la financiación por el Fondo”.