El fiscal insiste: 18 meses y 1,2 millones para Gómez por Malaya

En su recurso ante el Supremo, el Ministerio Público reclama la pena original e indica que “es novedoso y altamente irregular” una atenuación de condena por irregularidades en una detención

Vuelta al punto de partida, esta vez en el Supremo. El Alto Tribunal tiene desde ayer la última palabra en lo que se refiere a las condenas por el caso Malaya. Concluidas las vistas por los recursos de casación de los acusados, del Ministerio Fiscal y de la Junta de Andalucía, la solución se producirá la próxima semana y, en el caso de Rafael Gómez la petición del fiscal vuelve a ser la inicial: 18 meses y un día de cárcel y 1,2 millones de indemnización por un delito de cohecho activo más las costas del proceso.

En el escrito de recurso de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso este medio se entiende como “injusta” la condena de 6 meses de prisión y 150.000 euros que la Audiencia Provincial de Málaga impuso en su día al empresario y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba por su participación en el caso Malaya. La eje sobre el que pivota el recurso del Ministerio Público es la minoración de la pena inicialmente prevista por una circunstancia atenuante de irregularidades en el arresto del constructor.

Según el escrito del Ministerio Público, la resolución de la Audiencia es “totalmente novedosa” y, en consecuencia, no se encuentran precedentes de que una posible irregularidad en un arresto comporte una reducción en la pena solicitada. Y no la hay, continúa el fiscal, “porque no es lógico” ya que aquellas personas que hayan sufrido una detención irregular tienen fórmulas previstas en el ordenamiento jurídico para reclamar compensaciones económicas al Estado o responsabilidades civiles o penales contra el funcionario o la autoridad responsable de tal irregularidad.

Ante esto, en el escrito presentado ante el Supremo, que en el caso de Rafael Gómez se debatió el pasado miércoles por la tarde, el Ministerio Fiscal señala que este modo de actuar - por parte de la Audiencia de Málaga- es “por decirlo de una forma no agresiva, altamente irregular” y debe ser corregida por el Alto Tribunal aceptando su recurso de casación. La solución para que la condena sea justa, siempre según el escrito del fiscal, es que se anule la sentencia y Rafael Gómez sea condenado en los términos que se expresaban en el primer escrito de calificación, esto es, con una condena de año y medio de cárcel y 1,2 millones de indemnización.

Críticas de IU

Sobre las relaciones de Gómez con la justicia y sus deudas habló ayer el coordinador provincial de IU, Pedro García, que una vez más denunció la “pasividad” con la que se gestionan todos los asuntos que tienen que ver con Sandokán, tanto en el Consistorio como en los tribunales.

García aludió a la “terrible lentitud” con la que se ha gestionado el presunto delito fiscal, por valor de 70 millones, en los juzgados cordobeses. “Llevamos cinco años de vistas previas, recursos, embargos y no entendemos cómo la justicia es tan rápida para unos, caso del militante de IU condenado por los incidentes en la huelga del 14N, y tan lenta para otros. Mientras tanto, Gómez campa a sus anchas y vive la vida loca”, ironizó García.

Del otro lado, el candidato de IU para las próximas elecciones municipales tildó de “surrealista” que el Consistorio no vaya contra los bienes del empresario por sus cuantiosas deudas con la Hacienda Local. “Dicen que no tiene nada a su nombre y sale en prensa que le exigen que repare los daños en la Fuenseca, que es suya, lo mismo ocurre con la Ciudad Deportiva. Que yo sepa el presidente del Córdoba se ha reunido con él y no con Tremón, para prorrogar el acuerdo de cesión de los terrenos”, señaló García.