El Tribunal de Cuentas pide el dinero del parque de La Carlota
La institución demanda el reintegro de lo invertido en la infraestructura de bomberos, después de las presuntas irregularidades llevadas a cabo en el pago de las obras; están imputados los antiguos cargos de la Diputación
El Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha reclamado a la Diputación de Córdoba la devolución del dinero que costaron las obras de construcción del parque comarcal de bomberos de La Carlota. Según ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el Tribunal demanda el reintegro del dinero tras las “presuntas irregularidades” en “los pagos en las obras de construcción” de este parque comarcal, financiado íntegramente por el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación.
El propio Tribunal de Cuentas ha encargado la publicación en el BOP, dando un plazo de nueve días a los posibles afectados para que recurran esta decisión. La petición afecta a los 270.000 euros que costó la segunda fase de la construcción del parque comarcal, una cifra que se considera superior en casi un 40% al valor de mercado.
Los anteriores presidente y gerente del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, Fernando Expósito y Antonio Navarrete, respectivamente están imputados por las obras de ampliación del Parque de Bomberos de La Carlota (Córdoba). Los dos antiguos gestores han sido llamados a declarar en el juzgado de Posadas que investiga la presunta ejecución de una obra que no siguió ninguna tramitación administrativa.
La causa deriva de la denuncia que el año pasado presentó ante la Fiscalía Provincial el nuevo equipo de gobierno de la Diputación, regida por el PP, por la gestión en el parque de bomberos provincial de sus antecesores del PSOE. La causa también está en el Tribunal de Cuentas, que es quien pide el reintegro del dinero.
Según denunció en su día el vicepresidente de la Diputación, Manuel Gutiérrez, el proceso de adjudicación y licitación de las obras de la primera fase de la actuación se realizó conforme a los preceptos legales concediéndose a una empresa de La Carlota. Tras esto, se pidió al Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) del Bajo Guadalquivir, que también había redactado el proyecto de la primera fase, un informe que expusiese las necesidades del espacio para su puesta en funcionamiento. Ahí comenzaría el problema, ya que la segunda fase se encargó de una manera verbal y no existe constancia documental de la recepción de esta parte de las obras.
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