En 1974, Carlos Castilla del Pino publicó un artículo denominado “Andalucía no existe”. En él, afirmaba que “Andalucía tendrá que hacer sus reivindicaciones económicas, administrativas y educacionales” pero que ello no sería por causa ni el origen de una conciencia de pueblo “que la diferencie y la autoidentifique”. Justo al año siguiente, Enrique Tierno Galván publicó su conocido ¿Qué es ser agnóstico? en el que utilizaba como lógica argumental que un ateo necesita un concepto de Dios para negarlo. Entonces entendí a Castilla del Pino. Negaba una concreta noción de Andalucía. Y al hacerlo, afirmaba su existencia. Justo la que reivindicó el pueblo andaluz el 4 de diciembre, postulándose como sujeto político en el Estado, reconociéndose frente al espejo y exigiendo al resto del mundo ser reconocido. Justo la que ahora vuelve a reivindicarse con toda justicia y memoria. ¿Por qué?

Los contextos sociopolíticos de la primera y esta segunda transición se parecen demasiado. Los dos se diseñaron en la sombra por unas oligarquías de poder (económico, religioso y territorial), para buscar después la complicidad expresa o tácita del pueblo. Tomemos como referencia el escudo de España: “Cruz, Corona y Reinos”. Tras la muerte de Franco, la Cruz se garantizó conservando los privilegios de la Iglesia bajo un Estado confesional encubierto y los acuerdos con el Vaticano; la Corona, manteniendo el heredero elegido por el dictador; y la configuración territorial del Estado, sentando a Cataluña y Euskadi en la mesa de los “padres de la Patria”. La necesidad de paz social y el ansia de democracia eran suficientes motivos para que fueran pocos y marginales quienes cuestionaran el futuro modelo constitucional. Pero nadie podía prever que fuera Andalucía quien lo hiciera generando una auténtica cuestión de Estado con las manifestaciones millonarias del 4 de diciembre de 1997 y el asesinato de Manuel José García Caparrós. Andalucía exigió su derecho a decidir para ser como las que más en el Estado. Y forzó la inclusión del infame 151 que sólo el pueblo andaluz ejerció para alcanzar su autonomía plena.

Hoy vuelven a reproducirse los mismos esquemas, pero de manera más sibilina: la Iglesia católica ha visto reforzada con el mayor empoderamiento patrimonial de su historia, y hemos pasado de tener dos reyes a cuatro sin consultar a la ciudadanía. Sólo queda solucionar la nueva configuración territorial del Estado, tras el fracaso de los nuevos estatutos de autonomía y el hachazo del Tribunal Constitucional al Estatut de Cataluña. Dejemos claro que en España coexisten hasta cinco modelos territoriales a la vez: el Estado de la Diputaciones, de los Fueros (derechos civiles propios), de las Diputaciones Forales (haciendas propias), Comunidades Históricas y resto de Comunidades Autónomas. La solución más sensata y posible pasa por concretarlo en un modelo federal donde los distintos sujetos políticos tengan clara la distribución de sus competencias y la financiación para acometerlas. Y es aquí donde comienzan los peligros para Andalucía.

El discurso empleado por Susana Díaz para desbancar a Pedro Sánchez pasaba, entre otros argumentos, por la defensa de la unidad de España. En verdad, de su homogeneidad. Apenas existían diferencias con el Partido Popular al que permitió gobernar. Una vez conseguida su primera meta, ahora precisa diferenciarse y de ahí la trascendental cita con Miquel Iceta para cambiar la hoja de ruta y su argumentario territorial. Pensemos que el PSOE cogobierna en Euskadi. De ahí que Susana Díaz, precisamente desde Andalucía, recupere el discurso de la reforma constitucional y el marco teórico de un Estado federal que en verdad se limita a disfrazar las autonomías que ya existen. Es más que probable que el pago de esta alianza sea el que el PP le devuelva el favor en Andalucía que el PSOE le hizo en Madrid. Y para ello, es más que probable que la reforma constitucional se quede en incorporar a Cataluña en la élite de las Comunidades Autónomas con Hacienda Propia. Quizá eso explique la reacción visceral de Cifuentes que en el fondo escondía la petición del mismo trato para Madrid.

¿Y Andalucía? Parece que tuviera razón Castilla del Pino. Pero no es cierto. Andalucía existe y somos muchas y muchos los que consideramos el espíritu del 4 de diciembre una línea roja que no toleraremos que nadie cruce. Andalucía alcanzó por derecho propio el mayor rango jurídico y político dentro del Estado, dotándose de un patrimonio constitucional inderogable en un futuro proceso constituyente. Eso es lo que significa el 4 de diciembre.

 

 

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