El gobierno nos ha estado disparando con postas durante cuatro años. Manos arriba. Un atraco contra nuestros derechos y libertades. Pero lo ha hecho con la habilidad de utilizar el escudo como arma. A golpe de ley. Presumiendo defender la Constitución a la que acuchilla. Desde su llegada al poder, Rajoy ha dinamitado normas fundamentales, pilares del Estado de Derecho, provocando microderogaciones de la Constitución como picaduras en un paraguas. Y nos han calado hasta los huesos. La reforma laboral, educativa, hipotecaria, fiscal, penal… Nos disparan a bocajarro. Siempre a los mismos. Hasta hacernos sangrar por todas partes.

Una de ellas fue la Ley de Tasas Judiciales. Un engendro legislativo y un atentado contra el derecho a la tutela judicial efectiva. Por supuesto que daña a los abogados y procuradores. Sin embargo, por encima de sus intereses corporativos, han emprendido una lucha altruista y democrática para demostrar que el importe y el modo de imponer las tasas, atenta contra los más débiles y vulnerables al impedir el acceso universal a la justicia.

El autor intelectual de este monstruo jurídico fue Gallardón. Sin duda, el Dr. Moreau del Derecho. No sólo por su ansia en manufacturar quimeras contra los más elementales valores democráticos, sino por carecer de la más mínima sensibilidad ante sus trágicas consecuencias. La Ley de Tasas establecía cantidades fijas y exorbitantes para recurrir, 800 euros en Audiencia y 1200 al Tribunal Supremo, no importando la capacidad económica del litigante. Una derogación descarada del principio constitucional que impide discriminar a las personas por la raza, religión, ideología o el dinero que tenga en el bolsillo. La fórmula condena a la indefensión especialmente a las clases medias y favorece con descaro a las empresas y aseguradoras. Un ejemplo más de esta brecha social que nos ha convertido en un pan de molde del que sólo quedan los extremos.

En derecho, como en la vida, hay que ser impecable en la forma e implacable en el fondo. Por eso esta abominable ley de tasas merece ser encerrada en un museo de cera. Gallardón  pasó por encima de todos los protocolos formales: no tuvo en cuenta los informes preceptivos en su tramitación; empleó la fórmula del Decreto-Ley para llevarla a cabo con nocturnidad y alevosía; no escuchó a los afectados, profesionales, consumidores, pequeñas y medianas empresas, autónomos… Todos en contra, menos la banca. Casualmente, a la única que sí sentó a la mesa negociadora.

Pero de todas las artimañas jurídicas que escondía esta ley, hay dos que se clavaban en los ojos : que sea Hacienda quien decida el importe y las consecuencias del impago de las tasas; y que el dinero recaudado no se destine a sufragar la justicia gratuita. Que se prive a la Administración de Justicia de la competencia para decidir sobre el acceso a la justicia, parece una broma de mal gusto. Pero es tan verdad como intolerable. No es que te apremien por impago de las tasas, sino que directamente Hacienda impide que puedas acudir a los tribunales. A mi juicio, un atropello a los derechos humanos. Y siendo muy grave en el fondo, resulta esperpéntica la forma en la que se ha permitido la usurpación de la Administración Tributaria en el mismísimo Poder Judicial.

Prefiero mil veces la verdad desnuda a esta mentira disfrazada. Si de verdad quieren derogar el tiempo para llevarnos al Estado franquista, que lo hagan con descaro y destruyan de una vez el azulejo del zaguán constitucional. Ese que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Y coloquen otro en su lugar que rece así: “España se constituye en un Estado de Derechas”. Esta vez, ha sido el Constitucional el que ha derogado lo que evidentemente era inconstitucional. Ha derogado la tasa y nos ha dado la vida. Esperamos que no sea la última.

 

 

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