Absuelto de pagar 6.000 euros a un fondo buitre que no justificó esa deuda

El Juzgado de Primera Instancia de Cabra (Córdoba) ha emitido hace unos días una sentencia en la que absuelve a un demandado de pagar la suma de 5.963,38 euros más intereses a Bulnes Capital, una entidad que actúa como los llamados “fondos buitre” , es decir, que compra deudas financieras a precios muy bajos, para después reclamarlas en su totalidad a los deudores, en muchas ocasiones con intereses muy altos y grandes comisiones.

Sin embargo, el fondo, que había interpuesto la demanda, se quedará de momento sin cobrar nada, y además, pagará las costas del procedimiento. La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción acoge los fundamentos de la defensa del ciudadano y en particular, el primero, es decir, la falta de acreditación de legitimación activa por parte del demandante, quien para intentar justificar la demanda únicamente presentó un certificado (emitido por el mismo fondo) para expresar que habían adquirido el crédito.

Según el fallo judicial, esta documentación no fue suficiente para demostrar la legitimidad de la reclamación, es decir, que no han acreditado la cesión de la deuda financiera ni su origen, lo que ha llevado a la absolución del demandado, dado que no se ha justificado que puedan reclamar la presunta deuda por la que se presentó la demanda.

Según el letrado cordobés que ha defendido el caso, Rafael López Montes, y que se ha mostrado muy satisfecho con el resultado, es muy importante defenderse ante este tipo de actuaciones de fondos buitre, ya que en la mayoría de ocasiones se pueden encontrar excesos y abusos tales como que intenten cobrar intereses y comisiones excesivas, que las deudas puedan estar prescritas o, como en esta ocasión, no puedan siquiera justificar el origen de la deuda.

López Montes, miembro fundador de Red Abafi, una red nacional de pequeños despachos que han sido pioneros en Derecho Bancario (entre sus miembros están los responsables técnicos de sentencias como la del Tribunal Supremo de 9 de Mayo de 2.013 que eliminó la cláusula suelo a más de un millón de personas), pide una reflexión profunda sobre la regulación y supervisión de las operaciones de los fondos buitre en el sistema judicial, pues, en muchas ocasiones, por miedo al juzgado, los demandados dejan pasar el plazo para contestar las reclamaciones sin saber que tienen las claves para ganar el caso, lo cual agrava un perjuicio que podría haberse evitado fácilmente.