Juego de niños

"Se acuerda sustituir seis meses de cárcel por 3.600 euros de multa"

           (Auto del Caso Malaya sobre Rafael Gómez)  

¿Se acuerdan de aquel juego de la infancia en que un grupo de niños se sentaba en corro sobre el suelo? Uno hacía circular una palabra pronunciada al oído de quien se encontraba a su derecha. Éste la repetía a su vez en el oído del que tenía a su lado. Aquel hacía lo propio en su turno. Y así hasta que la palabra daba la vuelta completa en un perímetro de 360 grados. Cuando el vocablo llegaba a su destino apenas quedaba nada del término inicial. La palabra se había desfigurado por efecto del roce fonético progresivo y todos los chavales estallaban en una carcajada a mandíbula batiente por el estado irreconocible en que quedaba.

Con la rapiña inmobiliaria que la oligarquía del ladrillo practicó en Marbella ha sucedido un caso muy parecido. Con la diferencia de que en este juego de rufianes nos reímos bastante menos. El Caso Malaya explotó en noviembre de 2005 como el epicentro de la podredumbre urbanística y política de esta España que se nos cae de las manos. El Ayuntamiento de Marbella en pleno puso en venta el municipio a cambio de mordidas y amaños mafiosos, cuya enumeración aquí nos ocuparía una Wikipedia por capítulos.

A vuela pluma, indicaremos que fueron detenidos decenas de presuntos, entre concejales, funcionarios, técnicos, constructores, contratistas y tonadilleras, y se incautaron miles de millones en bienes obtenidos de forma fraudulenta. El Ayuntamiento tuvo que ser intervenido y el Plan General de Ordenación Urbana quedó suspendido hasta nuevo aviso.

A nuestro Rafael Gómez lo sorprendieron con un cohecho y otros supuestos delictivos. Enjabonó con 300.000 euros al cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, a cambio de hacer la vista gorda en las obras ilegales que ejecutó en su sede de Marbella. Y ahí, queridos contribuyentes, es cuando comienza el jueguecito infantil del corro. Un grave caso de corrupción de funcionario público se convirtió años después en una pena de seis meses de cárcel y 150.000 euros de multa.

La irrisoria condena de prisión, a su vez, por razones de vaya usted a saber, se ha vuelto a degradar al modo en que las palabras se iban descomponiendo en el círculo infantil de oreja a oreja. Y los seis meses de cárcel han quedado reducidos a una multa de juguete de 3.600 euros, que hasta usted y nosotros podríamos pagar con un poquito de esfuerzo. El resto, los 150.000 euros de la risa, el tribunal correspondiente ha estimado que el constructor los puede pagar en cómodos plazos mensuales.

Once años después de que aquella banda organizada se propusiera atracar nuestras instituciones y apropiarse de nuestros municipios, la sentencia que debería depurar sus

responsabilidades, boca a boca y oído a oído, ha llegado al final del corro con el resultado de la broma que ustedes conocen. Qué risa.