¿Y si la solución a la ayuda a domicilio es que el Ayuntamiento asuma la competencia?

¿Y si la solución al problema con la ayuda a domicilio pasa por que sean los ayuntamientos los que asuman la competencia, en lugar de la Junta de Andalucía? Este jueves, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), José Luis Escrivá, ha comparecido en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Territorial, donde ha lanzado un mensaje que puede dar la vuelta a algunas de las crisis de prestación de servicios de la actualidad.

Escrivá ha propuesto que los ayuntamientos, que han logrado importantes superávits durante los últimos años, asuman cada vez más competencias, cedidas a su vez por las comunidades autónomas, que no logran equilibrar sus cuentas del todo. Entre otros asuntos, ha citado los servicios sociales y el caso concreto de la ayuda a domicilio. Actualmente, la ayuda a domicilio es una competencia de la Junta de Andalucía que delega en el Ayuntamiento. La Junta gestiona el dinero, que a su vez entrega al Ayuntamiento para que éste contrate a una empresa que preste el servicio.

Actualmente, el Ayuntamiento de Córdoba vive un importante debate sobre cómo se tiene que prestar este servicio. Ganemos e IU apuestan porque se municipalice. El PSOE no se pronuncia y tanto PP como Ciudadanos y UCOR lo rechazan. Con esta propuesta sobre la mesa, la municipalización sería automática.

Los informes técnicos del Ayuntamiento rechazan la municipalización al tratarse de una competencia que presta la Junta. Eso sí, en caso de que ésta sea cedida al Consistorio muchos de estos informes cambiarían de parecer. Además, el Ayuntamiento se vería con las manos libres y la Tesorería más desahogada, pues ya no tendría que esperar a las transferencias de dinero por parte de la Junta, que siempre llegan tarde.

El presidente de la Airef ha comparecido ante la Comisión Territorial del Congreso que estudia el resultado de 40 años de Estado autonómico y ha abordado esta cuestión. Ha apostado afrontar “de forma integral” la financiación territorial, incluidas comunidades y entidades locales, y empezar por reflexionar sobre cómo se gasta el dinero antes de entrar en cómo se ingresa.

“No hay una estimación del coste efectivo de los servicios, de la cartera fundamental. Las necesidades de financiación de las comunidades no se estiman desde hace 20 años y para los ayuntamientos se utilizan estimaciones de los años 80 sin actualizar”, ha dicho.

Escrivá ha añadido que, por esta razón, no se conocen las necesidades reales en educación, sanidad y servicios sociales de cada autonomía y ha propuesto dedicar los años necesarios para hacer bien estos cálculos antes de modificar el sistema de financiación. “Antes de la discusión política tiene que haber una evaluación mucho más profunda de los servicios, hay que dar estabilidad a la provisión de estos servicios”, ha insistido.

De esta manera, ha continuado, se aseguraría la primera pata de la reforma del sistema: asegurar la financiación de los servicios públicos fundamentales en todas las autonomías para garantizar un acceso a ellos similar en todas partes y sostenible.

A continuación, se debería definir un espacio para que las autonomías pudieran financiar y prestar otro tipo de servicios adicionales, en los que se podrían diferenciar unas de otras. La tercera pata del sistema la pondría el Parlamento, que a su juicio debe ser el encargado de asegurar el reequilibrio entre administraciones mediante la asignación de fondos adicionales.

Escrivá ha descrito cómo debería abordarse el proceso y ha lamentado que el debate arranque en los ingresos que tiene cada cual, cuando “la tendencia internacional es la gestión centralizada, porque es más eficiente”.

Deudas con las que no se va a acabar

El presidente de la AIReF también ha abordado el asunto de la deuda autonómica. Ha repasado las grandes cifras de las comunidades y ha explicado que hay algunas, como la Valenciana, que acumulan gran cantidad de deuda y no hay perspectivas de que puedan terminar con ella. Este asunto también se debe afrontar al reformar la financiación y tomar medidas, porque son autonomías que no tiene visos de poder volver a los mercados.

Escrivá ha admitido que es muy difícil distinguir qué parte de esa deuda es culpa de una mala financiación y qué parte se debe a una mala gestión. En cualquier caso, ha recomendado empezar a “hacer pedagogía” sobre medidas como la quita de deuda porque en su opinión van a ser inevitables. “Hay que abordarlo, no se pueden dejar las cosas pudrir”, ha advertido.

Ha reconocido que es un asunto “muy difícil de comunicar en comunidades muy disciplinadas” por lo que ha aconsejado abordar la cuestión en su conjunto: plantear medidas para las deudoras, incentivos para las que “lo han hecho bien” y merecen un reconocimiento y, a la vez, reforzar las reglas fiscales en la Ley de Estabilidad, que necesita cambios.

Debilidad del Estado para sancionar

En concreto, José Luis Escrivá ha apostado por que los objetivos de estabilidad sean a más largo plazo, no anuales como hasta ahora, y que dejen de ser repetitivos.

Sin señalar en ningún momento culpables, Escrivá ha añadido que la aplicación de estas reglas no ha sido “muy efectiva”: han faltado criterios técnicos, transparencia, ha habido “discrecionalidad” en su aplicación entre administraciones y cambios “a mitad de partido” que no se han explicado. Todo ello ha hecho que quien tiene que aplicar las sanciones haya perdido “autoridad moral” para hacerlo.

“Se debilita la capacidad del Estado para hacer cumplir las reglas, no hay sensación de pertenencia a un marco del que todos se sientan propietarios, eso genera desafección y lleva al incumplimiento. Es un problema”, ha censurado.

Al hilo, José Luis Escrivá ha defendido que se refuercen los órganos de trabajo multilaterales y que el Estado y las comunidades cooperen juntos y tomen decisiones juntos, dejando de lado la bilateralidad que, a su juicio, se mantiene y ya no tiene sentido: terminado el proceso fundamental de reparto de competencias, se debe trabajar en común.

Ha puesto como ejemplo el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano por excelencia de relación entre el Estado y las autonomías en asuntos económicos en el que ha dicho que “no hay reflexión de ningún tipo por parte de nadie”. Su funcionamiento no ha variado desde que se creó en 1981, ha apuntado, y es “ampliamente mejorable” porque “propicia la desconfianza” entre unos y otros.

Escrivá ha censurado que el CPFF mantiene un sistema de votación que propicia los bloques y que “no es homologable internacionalmente”, y que tampoco propicia los debates de unos sobre otros, como debería ser, sino que el silencio, en un 'hoy por tí, mañana por mí'.

“Cuando una comunidad no lo ha hecho bien, tiene que haber una reflexión de todos porque el comportamiento de uno impacta en todos y tenemos todos que implicarnos en solucionar el problema”, ha subrayado.