Un economista apunta a “errores, faltas y omisiones” en cuentas de la Unión de Mujeres Empresarias

Un economista que ha declarado este miércoles como perito en el juicio contra la expresidenta de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Provincia de Córdoba (UMEC) María Fernández Pino y la ex secretaria general, acusadas de un delito de apropiación indebida, tras supuestamente desviar a sus patrimonios fondos de las cuentas de la entidad por cerca de 200.000 euros, ha apuntado que en el análisis de datos sobre 2006 detectó “errores, faltas y omisiones”.

En el juicio, que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y que continúa este jueves, el perito ha señalado que la contabilidad respecto a dicho año estaba “inconclusa” y ha manifestado que tenía que haber “un control de caja”, entre otros aspectos que ha citado.

Por otra parte, un informático ha explicado que tras realizar un análisis de la unidad central de procesamiento (CPU) de uno de los ordenadores comprobó que había archivos borrados por una persona con avanzados conocimientos en informática sobre apuntes y cuentas a finales de 2007, según su testimonio.

Mientras, una de las tesoreras en la etapa de la expresidenta María Fernández Pino ha asegurado que “nunca” vio “una cuenta” y que “jamás” vio dinero, ni firmó documento alguno, de manera que “tenía una función que no realizaba”, motivo por el que dimitió, según expresó la semana pasada la mujer, quien remarcado que no veía “ni un papel” sobre las cuentas y abandonó porque “no contaban” con ella.

Entretanto, la expresidenta Carmen Bascuñana ha manifestado que cuando ella llegó al cargo “no había un duro” en las cuentas para el pago del alquiler y la luz de la sede de la asociación, que dirigió tras ser elegida para “calmar un poco” y “estabilizar la situación” después de un periodo transitorio en el que estuvo al frente Francisca Urbano, tras la dimisión de Fernández Pino.

Además, ha dicho que en la etapa de Fernández Pino “se consiguieron muchas cosas buenas”, pero “había un ambiente en contra de María”, cuando, a su juicio, “tenía una capacidad muy buena” para presidir la UMEC.

“Todo un caos”

Por contra, la extesorera y expresidenta Francisca Urbano ya ha declarado que la asociación era “el negocio” de Fernández Pino y que pidió las cuentas, pero “no había posibilidad de llegar” a las mismas, porque, a su juicio, las empleadas tenían “órdenes” de la expresidenta.

Según su testimonio, era “todo un caos”, de ahí que se propusiera “una auditoría interna” de las cuentas, al tiempo que apostilló que “no tenía idea de lo que había”, puesto que supuestamente encontró facturas de una empresa de la expresidenta que no hacía trabajos para la UMEC, así como pagos a Fernández Pino “a través de las empleadas”. En su opinión, no era una asociación “limpia y transparente”.

Por su parte, Fernández Pino ya ha defendido que le “costó mucho trabajo levantar” la entidad, a la vez que explicó que “los pagos se comunicaban y aprobaban por la junta directiva”. Igualmente, aseveró que “la tesorera no aparecía por allí”, aunque “se le insistía que fuera”, según la expresidenta, quien remarcó que “normalmente estaba poco tiempo en la sede”.

Entretanto, precisó que entró como presidenta en el año 2002 hasta 2007 y ella es la que proponía los cargos que luego ratificaba la junta directiva, de manera que eligió a la ex secretaria general, a quien no le renovaron el contrato en 2007 después de haber tenido la presidenta “un problema” con ella y perder la confianza “completamente”, según su relato.

Y la ex secretaria general expresó que ella “no manejaba el dinero”, ni llevaba “el control de fondos”, al tiempo que se declaró “totalmente inocente” de los hechos por los que está acusada. Además, detalló que ella se fue de la asociación con “cero documento” después de unos meses de “guerra”, entre ello en la relación con la expresidenta, y aclaró que no asumió “funciones de tesorera”, aunque le ordenaban los pagos corrientes con talones, que firmaba “mancomunados” junto a la expresidenta, después de que se consultara a ésta última sobre las cantidades, según ella.

“Ilícito beneficio”

Al respecto, las acusaciones piden para cada una de las dos procesadas penas de cuatro años de prisión y multas de 10.800 euros. Según recoge la calificación inicial del fiscal, durante 2006 y 2007 ambas ostentaron los citados cargos y en el transcurso de los dos años supuestamente “actuaban de mutuo acuerdo y con ánimo de obtener un ilícito beneficio” durante la gestión de la asociación de forma “caótica”.

Así, relata que “incumplieron la obligación estatutaria de llevar un libro de cuentas, sin llevar un control de contabilidad, ni libros de ingresos y gastos, cuentas anuales, cuentas de pérdidas y ganancias ni balance ni tampoco hojas de dietas”, al tiempo que, según el Ministerio Público, realizaron “numerosas operaciones en efectivo o con talones al portador”.

Además, explica que ambas acusadas, “partiendo de que las cuentas bancarias de la UMEC eran mancomunadas con dos firmas autorizadas de la presidenta y secretaria”, supuestamente aprovecharon “la inexistencia del más mínimo control” de la situación económica de la asociación y “fueron incorporando a su patrimonio importantes cantidades de dinero sin justificación alguna”.

Por ejemplo, y a pesar de que el cargo de presidenta “no era retribuido”, decidió, “unilateralmente y con conocimiento y consentimiento de la otra acusada”, asignarse ingresos mensuales de 2.000 euros para lo cual cada mes extendía un talón bancario contra las cuentas de la UMEC por dicha cantidad, que era firmado por ambas procesadas y cobrado íntegramente por la primera, “disfrazando el ingreso de esa cantidad mensual como cobro de dietas”, según el fiscal.

Asimismo, la acusada supuestamente ordenó que el día de su cumpleaños se le ingresara la cantidad de 1.500 euros e incluso que la factura de reparación de su vehículo particular fuera abonada por la UMEC, ascendiendo a mil euros el importe.

Igualmente, la procesada presentó al cobro por la UMEC facturas emitidas por sociedades de las que era titular. Por ejemplo, según el fiscal, cobró una factura por muebles de segunda mano por 9.960 euros, emitida por una empresa de su propiedad; dos facturas emitidas por una sociedad, que es una comunidad de bienes de ambas acusadas por importe de 4.060 y 2.320 euros, y cuatro facturas emitidas por otra empresa, también propiedad de la expresidenta.

En relación a esta última sociedad, el fiscal destaca que siendo única socia la acusada, “el importe de 3.000 euros desembolsado para constituir la sociedad en noviembre de 2006 fue abonado mediante un cheque emitido por la UMEC el día anterior a constituirse la sociedad”.

Tarjeta de crédito

La acusada, como presidenta, era usuaria de una tarjeta de crédito de la UMEC, con la que supuestamente realizó gastos y extracciones, “sin justificación alguna”, que ascienden a 6.341 euros, “pese a que no se autorizara a la presidenta para obtener una tarjeta de crédito para extracción de dinero”.

En definitiva, el Ministerio Público detalla que debido a las “fraudulentas maniobras” resultó que en el año 2006 ambas acusadas “desviaron fondos de la UMEC” en una cantidad de 23.545 euros. En el año 2007 las cantidades desviadas al patrimonio de las acusadas ascienden a 75.795 euros. En relación al año 2007, hasta el 29 de marzo de 2007, fecha de cese de la secretaria, las diferencias desviadas ascienden a 48.554 euros. Y desde esa fecha hasta el 28 de septiembre de 2007, fecha de cese de la presidenta, las diferencias ascienden a 48.776 euros.

Cabe recordar que dicho juicio fue suspendido en mayo de 2014 después de que las defensas presentaron actas de las asambleas con la aprobación de cuentas de 2006 y 2007, con la valoración de “la posible ausencia de perjuicios”, por lo que la causa fue devuelta al Juzgado de Instrucción.