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Los sindicatos piden al PP una subida salarial para los empleados de prisiones

Prisión Provincial de Córdoba | MADERO CUBERO

Redacción Cordópolis

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Los responsables provinciales de los sindicatos Acaip, CCOO y UGT han celebrado este viernes una reunión con el diputado del PP por Córdoba, Rafael Merino, en la que le han trasladado el acuerdo que el día 11 de enero firmaron los sindicatos representativos de Instituciones Penitenciarias con una propuesta de subida salarial para todos los empleados públicos de prisiones.

Según han detallado los sindicatos en una nota, este acuerdo supone “la eliminación de las categorías de los centros penitenciarios, aportando con ello la solución a una clara disfunción que se arrastra de situaciones hoy por hoy desfasadas e inentendibles”, y que “permiten que dentro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, se abonen salarios diferentes por el mismo trabajo”.

Esta propuesta se complementa con “una reivindicación histórica” del colectivo de Instituciones Penitenciarias, que es “el pase de los empleados del grupo administrativo C1 al grupo B, conllevando además la subida de niveles que garantice la adecuación de los complementos a la realidad de las funciones”, han destacado.

Asimismo, han defendido que la propuesta de subida salarial ha sido “consensuada por todos los sindicatos representativos” y está realizada “dentro del rigor y con la coherencia de aportar las soluciones a situaciones que no se pueden mantener dentro de un mismo ministerio”.

El total de la propuesta supondrá un montante de 155 millones de euros y afectará a un colectivo de cerca de 25.000 empleados públicos. Los sindicatos firmantes han convocado una gran manifestación de todos los empleados públicos penitenciarios, a celebrar en Madrid el día 24 de febrero, manifestación a la que se ha invitado a Merino y pedido su participación y apoyo.

Además de ello, en relación con la provincia, le han trasladado “la problemática” del Centro Penitenciario de Córdoba, que “coincide en líneas generales con la totalidad de los centros penitenciarios del Estado”.

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