Los transportistas podrán llevar un documento que acredite que lo que llevan no es robado

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho llegar a las subdelegaciones del Gobierno de España en las ocho provincias una instrucción sobre 'Ordenación de Circulación, Recepción y Venta de productos en las campañas agrarias' con la que, atendiendo a las necesidades y demandas del sector, se intenta “prevenir y combatir la comercialización y distribución de productos procedentes de robos en el campo, protegiendo con ello la propiedad y los derechos de los agricultores andaluces”.

Según informa la Delegación del Gobierno en una nota, Sanz ha explicado que esta iniciativa, recogida en una 'Guía Conduce' que “contiene obligaciones y recomendaciones sobre las condiciones en que se debe desarrollar el transporte y la comercialización de los productos agrarios”, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica, es fruto de “la preocupación del Gobierno de España por la seguridad de los agricultores” y se enmarca en un conjunto más amplio de medidas articuladas por el Ejecutivo con el fin de combatir las sustracciones en el medio rural.

El objetivo de la instrucción, publicada por la Delegación del Gobierno dentro de sus competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público es, según consta en el propio documento, por un lado, “proteger los derechos de los agricultores sobre sus frutos” y, por otro, “evitar que los productos agrarios sobrantes en el suelo después de la recogida de la cosecha --en los casos en que por su escasa cuantía no sea recolectada-- queden desprovistos de utilidad social”.

El delegado ha precisado que, aunque la regulación sobre transporte, trazabilidad, inspección y comercialización de los productos agroalimentarios es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponden a la Delegación y subdelegaciones del Gobierno las competencias en materia de seguridad y orden público, “incluida la prevención y persecución de posibles conductas delictivas con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)”.

Por todo ello, Sanz ha dado luz verde a un documento oficial que incluye “indicaciones y recomendaciones que contribuirán a que vendedores, transportistas y compradores de los productos agrarios tengan constancia fiable sobre la procedencia de los mismos”, lo que irá acompañado de un incremento de la vigilancia por parte de las FCSE en los puntos de compraventa.

Así, esta instrucción recomienda que los conductores y transportistas “lleven autorización expresa para el transporte de la mercancía, expedida por la asociación o cooperativa correspondientes”, y que el receptor de la misma “solicite al transportista un documento que acredite su legítima procedencia”.

Junto a ello, se prevé que cada Subdelegación del Gobierno, en base a sus competencias, disponga los oportunos servicios de vigilancia y control, tanto en los medios rurales como en los puestos de compra, almazaras y carreteras, para impedir situaciones de aprovechamiento ilícitas, hurtos o robos de los productos agrarios.

De esta forma, “se intenta dar respuesta a las reiteradas demandas de las organizaciones agrarias, cubriendo, al mismo tiempo, el vacío legal existente a nivel autonómico, dado que la Junta de Andalucía no ha aprobado aún una normativa que regule los requisitos que deben cumplir los transportistas de este tipo de productos”, ha concluido el delegado.