La Junta prevé ceder suelo a cooperativas de propietarios para que construyan sus casas

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha anunciado que a partir de septiembre, en el último trimestre del año, tiene previsto desarrollar una iniciativa por la Junta cederá suelo público a grupos de demandantes de vivienda inscritos en los registros municipales de demandantes para construir y promover sus propias viviendas, para lo cual se contempla que los demandantes se constituyan como cooperativa.

En una entrevista con Europa Press, el consejero ha precisado que esta medida se incluye dentro del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, e iría destinada a aquellas personas “con una renta media o media-baja, que no llegan a poder acceder a una vivienda en alquiler social pero que tampoco les llega para el mercado libre; que estén en una franja intermedia”.

Mediante la medida, el colectivo accedería a una vivienda en propiedad o en alquiler con opción a compra.

López ha resaltado que para esta medida es necesaria la colaboración de los ayuntamientos, que gestionan los registros de demandantes de vivienda y que identifican los posibles grupos de demandantes, y de la propia Junta, que cederá de manera gratuita a un grupo de demandantes de vivienda inscritos en dichos registros el derecho de superficie sobre un suelo del parque público o bien una promoción iniciada en fase de proyecto por parte de la Agencia de Vivienda AVRA. Esa cesión supondrá que los ciudadanos “no tendrán que hacer desembolso para adquirir el suelo, sino que será un incentivo para esos demandantes, que además podrían optar a otras ayudas a la construcción, complementarias a dicha cesión gratuita”.

El consejero ha explicado que espera poder desarrollar esta iniciativa junto a los ayuntamientos y los demandantes, a través de fórmulas cooperativas, esto es “una fórmula ligada a una cooperación entre demandantes que se pusieran de acuerdo con apoyo municipal y de la Consejería y así tendrían posibilidad de acceder sin tener que hacer un desembolso para adquirir el suelo y además recibiendo una ayuda económica adicional”.

López ha indicado que esta fórmula de “autoconstrucción” permitirá además “tanto resolver una demanda social como movilizar el sector de la construcción”, puesto que las viviendas serán promovidas por los propios demandantes inscritos en el registro de demandantes, a través de una cooperativa, y éstos a su vez pueden encargar a una empresa la edificación de las viviendas o construirlas ellos mismos.

El consejero, que indica que esta fórmula se ha empleado ya en algunos países de Centro y Norte de Europa, ha dejado claro que el objetivo “no es engordar el bolsillo de nadie sino de facilitador de las demandas sociales”.

“Es un programa de ayuda a la autoconstrucción en el sentido de que el ciudadano será el promotor de su propia vivienda con ayudas públicas, pero los receptores no tienen que ser necesariamente los constructores, aunque no es excluyente y no descarto que se pueda hacer, pero no sería algo obligatorio que los propios demandantes sean los que construyan las viviendas”, ha añadido el consejero, quien ha explicado que “hay gente que estaría de acuerdo con otros en su misma situación en términos de necesidad de vivienda, pero no tiene el conocimiento, la especialización y dedicación que supondría autoconstruir”.

“Estos demandantes recibirán el suelo, ayudas a la construcción y pueden ser ellos los constructores o bien ponerse de acuerdo y encargar la edificación a una empresa”, ha añadido el consejero, quien reitera que esta medida ya está contenida en el plan “pero queremos darle más recorrido y más amplitud, pues hay demandan solvente y tenemos suelo”.

López espera que haya en esta medida implicación de los ayuntamientos “pues será necesario un punto de encuentro entre la demanda y nuestra capacidad de oferta de suelo o de algunos proyectos ya iniciados”.

Financiación del Gobierno

El consejero ha recordado que estos días se cumple un año desde la aprobación de este Plan de Vivienda andaluz en Consejo de Gobierno y ha asegurado que la Junta está cumpliendo el plan “a rajatabla”, al tener “una clarísima orientación social en un momento en el que la crisis ha golpeado severamente a los sectores mas vulnerables de la sociedad, colocando a mucha gente en una situación complicada”.

Por ello, ha recordado que el plan contempla una batería de medidas normativas, legislativas y económicas, como ayudas al alquiler, ayudas a la rehabilitación energética, adecuación funcional de viviendas para la gente que va siendo mayor, la puesta a disposición de suelo propiedad de la Consejería para hacer VPO o la línea de mejora del parque público de viviendas.

No obstante, ha indicado que buena parte del desarrollo del Plan de Vivienda “depende de la cooperación del Estado”.

En ese sentido, ha valorado que se haya prorrogado el Plan de Vivienda estatal de 2016 para 2017 --algo que ha sido posible una vez que se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2017--, lo que “nos da certidumbre para este año y nos garantiza los 730 millones que actualmente contempla el Plan Andaluz de Vivienda”.

A pesar de ello, el consejero ha pedido al Gobierno que “apruebe el Plan de Vivienda en el horizonte 2020, algo que dicen que podrá estar antes de final de año”. A su juicio, esa aprobación del plan hasta 2020 “nos supondrá una ampliación de objetivos y perspectivas y podríamos profundizar en las medidas”.

Así, apunta que con ese dinero adicional “se podrá retomar las ayudas a adquirentes de VPO, que se liquidó en 2012, o ampliar la ambición y el número de afectados de las medidas que se han puesto en marcha, introduciendo más flexibilidad o extender a todo el Estado las medidas de adecuación funcional de las viviendas de personas mayores, donde se han visto beneficiados 70.000 familias en Andalucía y la Junta ha invertido 91 millones”.

“Es necesario que haya certidumbre cuanto antes para saber con qué herramientas contamos aparte de las del gobierno de Andalucía en el horizonte de 2020”, ha añadido López, para el que “si tenemos una fuente financiera cierta que provenga del plan estatal, esa cifra podría ser más de esos 730 millones y podemos llegar a más familias y hacer más cosas, tener más capacidad de acción y podremos ampliar lo que estamos haciendo”.

El consejero ha resaltado la importancia de las ayudas a la rehabilitación o al alquiler. “Hay que ver cómo somos capaces de ayudar para promover la eficiencia energética y la accesibilidad, ayudar a familias que no pueden pagar sus alquileres”, ha aseverado el consejero, quien recuerda que el plan supone “una carta de navegación en política de vivienda, donde la política debe ser concertada con ayuntamientos, Junta y Gobierno central, para poder engarzar las necesidades de los ciudadanos”.