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Cementerio de la Salud, en el que está una de las dos fosas de la Guerra Civil | MADERO CUBERO
Cementerio de la Salud, en el que está una de las dos fosas de la Guerra Civil | MADERO CUBERO

Hasta ahora, la mayor fosa común abierta en Europa en el siglo XXI es la de Srebrenica, en Bosnia. En una matanza cometida en 1994, ante las mismas narices de los cascos azules holandeses, murieron más de 8.300 personas. En 2017, la Junta de Andalucía acaba de iniciar los trámites para abrir fosas comunes en las ciudades de Córdoba, Sevilla y Huelva, donde se calcula que hay al menos 12.000 cadáveres. Solo en las dos fosas comunes de los cementerios de la Salud y San Rafael en Córdoba se calcula que hay, como pocas, 4.000 víctimas de los fusilamientos producidos tras el golpe militar del 18 de julio de 1936 y la represión franquista.

La Junta de Andalucía va a iniciar el proceso para exhumar los cuerpos estas 12.000 víctimas del franquismo, según han confirmado familiares de las víctimas. El comité de expertos de la Junta, que había recibido la solicitud como derecho de petición de, entre otras, la asociación de familiares Dejadnos Llorar de Córdoba, ha dado su visto bueno para abrir el proceso que reconoce el derecho de las víctimas.

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La decisión, que se espera se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en estos días, afecta a las fosas de los cementerios de Sevilla con 4.500 desaparecidos, de Córdoba con 4.000 víctimas y de Huelva con otras 3.500. En la provincia de Córdoba, además, se calcula que hay otro centenar de fosas. La represión total, según los estudios del historiador cordobés Francisco Moreno Gómez, se calcula en más de 12.000 personas, solo en la provincia de Córdoba. En caso de autorizarse estas excavaciones, la Junta iniciaría el mayor proceso de recuperación de personas fusiladas de la historia contemporánea de Europa.

Las fuentes consultadas señalan que la apertura de este proceso “ya reconoce el derecho de las víctimas”, como solicitaron desde las asociaciones de familiares en su derecho de petición dirigido a la administración autonómica, para hacer valer la recientemente aprobada Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

En base a ella, y bajo la Dirección General de Memoria Democrática, la apertura de este proceso que conlleva los principios de la memoria –verdad, justicia y reparación-, se iniciará con la redacción del proyecto de exhumación, la puesta en marcha del equipo de profesionales arqueólogos, antropólogos y forenses necesarios, así como la realización de las pruebas de ADN oportunas y que asume la ley. Asimismo, se prevé que la Junta de Andalucía solicite la colaboración de los ayuntamientos de las tres ciudades andaluzas, en cuyos términos municipales se ubican las fosas.

Los familiares de las víctimas, algunos de los cuales han recibido notificación directa de esta decisión aunque aún no ha habido una comunicación oficial de la Junta, ven así cumplido su deseo de poder localizar y exhumar los cuerpos de sus seres queridos, más de 80 años después, para poder ofrecerles un entierro digno.

Fue en marzo pasado cuando los familiares integrados en la asociación Dejadnos Llorar de Córdoba ejercieron su derecho de petición legal ante la Junta de Andalucía para exhumar a sus seres queridos. “Tienen la oportunidad de estrenar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía con las fosas de Córdoba”, dijeron entonces ante el balón que ponían encima del tejado de la administración autonómica.

En este camino han estado asesorados por el historiador Francisco Moreno Gómez y por Eduardo Ranz, el abogado especialista que ha conseguido que un juez ordene la exhumación de dos personas en El Valle de los Caídos. Su objetivo no era otro que la Junta de Andalucía aplicara la recientemente aprobada Ley de Memoria que establece el camino para recuperar los restos de víctimas del franquismo. Y, con ello, conseguir la exhumación de “inocentes que fueron masacrados” y enterrados en las fosas comunes de los cementerios de Sevilla, Córdoba y Huelva.

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