La Junta trasladará su área de gobierno y varias delegaciones al edificio de la Audiencia

La Junta de Andalucía, propietaria del edificio que alberga la actual Audiencia Provincial de Córdoba, ya sabe qué hará con él cuando todos los juzgados se trasladen a la Ciudad de la Justicia: la delegación de Gobierno de la administración autonómica, con sus áreas adscritas de Justicia y Hacienda, además de la delegación de Empleo, Ciencia e Innovación serán las nuevas inquilinas del edificio.

Así lo ha anunciado este viernes en Córdoba la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ha explicado que el edificio será objeto de una obra de reforma con un presupuesto de diez millones de euros, cuando quede vacío por el traslado de sus actuales dependencias a la Ciudad de la Justicia en el primer semestre de 2018.

Así, según el cronograma previsto, la Junta sacará a licitación la redacción del proyecto y la dirección de la obra en este mismo mes de junio, para valorar las ofertas que se presenten antes de final de año y sacar entonces la licitación de la obra en sí. Asimismo, el inicio de la obra se prevé para el segundo semestre de 2018, con una duración de año y medio, lo que hará que la reforma esté concluida en el primer semestre del año 2020.

La Junta pedirá a las empresas que se presenten para hacerse con el contrato de obra -que afectará a los 12.000 metros cuadrados construidos que tiene este edificio que data de los años 70 donde trabajarán unas 550 personas a su conclusión-, la aplicación de una metodología de acortamiento de plazos, para cumplir con los tiempos previstos.

Según el cálculo de la administración autonómica, el traslado de la delegación del Gobierno y el resto de las citadas delegaciones provinciales al actual edificio de la Audiencia supondrá un ahorro de 500.000 euros en alquileres de dependencias que ocupan en la actualidad. Las delegaciones provinciales que se trasladarán al edificio cuando se reforme están actualmente repartidas en distintas ubicaciones en la calle San Felipe, el edificio de San Tomás de Aquino, la calle Gondomar, la calle Manriquez o la calle Caño, entre otras.

La consejera ha explicado que la decisión de unificarlas en un único edificio pretende facilitar el acceso de los ciudadanos a los distintos servicios de la Junta que están relacionados entre sí, así como la racionalización de las distintas sedes administrativas y el citado ahorro en alquileres.

No obstante, la Junta prevé mantener alquilado el actual edificio de la delegación del Gobierno en San Felipe, aunque de momento se mantiene en estudio qué servicios de la administración autonómica lo ocuparán.