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Condenada a un año de prisión la secretaria de Obejo por estafa

Vista panorámica del municipio de Obejo.

Manuel J. Albert

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La secretaria-interventora del Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Obejo, identificada con las iniciales M. S. Á. L., ha sido condenada, como autora de un delito de estafa, a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el desempeño de su cargo en la Administración Local. El tribunal absuelve a la mujer de los delitos de falsedad, malversación de caudales públicos y prevaricación por los que también fue acusada, informa el TSJA. Fue la alcaldesa del Ayuntamiento de Obejo quien denunció a la secretaria a raíz de haberse concedido y abonado ésta un anticipo de nómina no autorizado.

Durante su declaración en el juicio de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba la procesada defendió que no había alterado “ningún documento”, al tiempo que subrayó que en los pagos se cumplía “con la normativa” y que el citado dinero se le descontó de su nómina posteriormente.

Mientras, los magistrados plantearon un incidente de nulidad, después de pedirlo la acusación, por uno de los autos sobre la apertura de juicio oral, tras ampliarse a delitos de malversación y prevaricación, aunque todo ello “sin necesidad de retrotraer las actuaciones a ese momento”, según expuso en la sala.

La Fiscalía había pedido inicialmente penas de cinco años y tres meses de prisión, tres años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros, mientras que la acusación había solicitado unos cuatro años de cárcel y nueve años de inhabilitación y la defensa, la absolución. El juicio fue suspendido en febrero tras no presentarse la procesada.

Al respecto, el Ministerio Público explica en su calificación inicial que los hechos ocurrieron en octubre del año 2015, cuando le entregaron a la acusada la documentación del expediente de nóminas del mes de septiembre y emitió un informe de reparos dentro de su labor fiscalizadora, aunque los mismos fueron levantados por la Alcaldía para poder pagar las nóminas.

No obstante, la acusada presuntamente puso “a la firma de la alcaldesa una orden de pago confeccionada por ella misma” en la mañana que emitió el informe de reparos, “y teniendo en cuenta que ésta debía corresponderse con toda la documental entregada a la acusada con anterioridad”, la alcaldesa firmó el documento, creyendo que “la interventora municipal no alteraría los datos ya consignados en la resolución”.

Posteriormente, se observó “un desnudare bancario y la indicación de que una de las trabajadoras del Ayuntamiento no había percibido su liquidación referente al mes de septiembre”, de manera que se detectó que la interventora “había elaborado la aludida orden de pago, que no se correspondía con los datos de la documental entregada para la confección de las nóminas”.

En dicho documento, según el fiscal, la acusada se había concedido y abonado a sí misma como anticipo de nómina del mes de octubre un importe de mil euros, “todo ello sin tener resolución, ni expediente previo”. A mediados de octubre se le notificó a la interventora que devolviera el anticipo “indebidamente cobrado”, según el Ministerio Público.

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