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El 40% de los municipios no ha regularizado su catastro

Antonio Hurtado, en rueda de prensa.

Redacción Cordópolis

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El 40% de los municipios no ha regularizado su catastro. El Gobierno de la Nación, en respuesta a preguntas formuladas por el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha anunciado que, en la provincia de Córdoba y hasta la fecha, “se ha finalizado el procedimiento de regularización catastral en 46 municipios, con un total de 59.266 inmuebles (rústicos y urbanos) regularizados”.

En dicha respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy ha detallado en un cuadro pormenorizado, que, de los 75 municipios de la provincia, en 14 se está llevando a cabo actualmente dicho proceso de regularización, en 15 aún no se ha iniciado y en los restantes 46 se ha concluido entre los años 2014, 2015 y 2016.

En su respuesta, el Gobierno ha recordado que “el procedimiento de regularización es una medida de lucha contra el fraude inmobiliario, cuyo objeto es la incorporación al Catastro Inmobiliario de cuantas nuevas construcciones o ampliaciones, rehabilitaciones o reformas se hayan realizado sin que hayan sido debidamente declaradas, a fin de que todos tributen conforme a la realidad de sus inmuebles”.

En relación con ello y al contestar a otra pregunta de Antonio Hurtado, el Ejecutivo ha señalado que “el incremento de la base imponible en el padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en los años 2014, 2015 y 2016 en la provincia de Córdoba ha sido el siguiente: en 2014 de 318.086.958 euros, en 2015 de 761.372.991 euros y en 2016 de 507.546.759 euros”.

En cuanto a los municipios donde se han regularizado más inmuebles urbanos, Córdoba capital ocupa el primer lugar, con 12.010 inmuebles; seguida por Peñarroya-Pueblonuevo, con 4.284 inmuebles, y por Priego de Córdoba, con 2.918 inmuebles urbanos regularizados. En el otro extremo, es decir, los municipios con menos inmuebles urbanos regularizados en este proceso son Fuente la Lancha (27), Guadalcázar (40) y La Granjuela (69).

Respecto a los municipios donde se han regularizado más inmuebles rústicos, la ciudad de Córdoba vuelve a ocupar el primer lugar, con 1.280 inmuebles; seguida por Cardeña, con 588 inmuebles, y por Belalcázar, con 531 inmuebles rústicos regularizados. Mientras, los municipios con menos inmuebles rústicos regularizados en este proceso son Valsequillo (seis), Fuente la Lancha (diez) y El Carpio (19).

CRÍTICAS DE HURTADO

Por su parte y en declaraciones a Europa Press, el diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha señalado que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que “impulsó el proceso de regularización catastral de inmuebles rústicos y urbanos, nuevos o que hayan sido alterados”, para “tratar de armonizar la descripción catastral con la realidad” y dicho procedimiento “se incluyó en la Ley de Medidas Tributarias de diciembre de 2012, teniendo como horizonte el periodo 2013-2016, pero en estos momentos sigue ejecutándose, por lo que el retraso es significativo”.

En este sentido, Hurtado ha recordado que la Dirección General del Catastro puso en marcha el Plan Especial del Procedimiento de Regularización Catastral y “encomendó a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) los trabajos de regularización a realizar entre 2014-2017”.

Por otro lado, el diputado socialista ha aclarado que “la regularización supone el pago previo de la tasa de regularización catastral, de 60 euros, y la liquidación de cuatro años del IBI de los inmuebles regularizados”, resultando que “en estos momentos muchos ciudadanos están recibiendo la liquidación de la tasa y deben saber que, con posterioridad, recibirán las liquidaciones del IBI de los últimos cuatro años no prescritos”.

Frente a esto, los socialistas consideran, según ha subrayado Hurtado, “que se debiese haber abierto un periodo de regularización voluntaria y que se liquidase la tasa, pero en ningún caso la liquidación del IBI de los últimos cuatro años” y, “en caso de no regularizarse de forma voluntaria, se procedería a un procedimiento de regularización obligatoria, como se está aplicando”.

A este respecto, Hurtado ha aclarado que “los ayuntamientos creen que es una medida municipal, cuando en realidad los ayuntamientos están obligados a aplicar esta regularización y a cobrar lo que se liquida por ello”.

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