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Rafael Navas, en el centro, llegando a los juzgados con sus abogados | MADERO CUBERO
Rafael Navas, en el centro, llegando a los juzgados con sus abogados | MADERO CUBERO

El titular del Juzgado de Instrucción número siete de Córdoba ha interrogado durante una media hora al exconcejal del PP Rafael Navas sobre la gestión que hizo en el mandato anterior en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Navas, que no ha querido hacer declaraciones a la prensa ni antes ni después de su interrogatorio, se mostraba tranquilo y confiado en que la causa sea archivada en las próximas semanas. A las 12:30 de este viernes también está citado a declarar otro exconcejal del PP, Miguel Reina, también en el mismo Juzgado.

Navas está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa. En la causa está personado el abogado del sindicato CTA, que no ha querido hacer declaraciones, de la misma manera que la defensa del exconcejal popular. Este periódico ha podido saber que está previsto que se llame a declarar, como testigo, al empresario que fue adjudicatario de la gestión del Alcázar de los Reyes Cristianos en un contrato por el que el exnúmero dos del PP en el Ayuntamiento de Córdoba se ha visto este viernes ante el juez.

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CTA presentó dos denuncias en los juzgados que son las que han motivado la apertura de las causas contra Navas y también contra el exconcejal Miguel Reina, del que se desconoce todavía cuando tendrá que declarar. Al principio, la Fiscalía no vio indicios de delito pero posteriormente, al recibir la información del juzgado, sí. Esto fue lo que motivó que se citara a los dos exconcejales en calidad de investigados. La citación fue aplazada en su día por el recurso de CTA, que quiere actuar como acusación particular.

Navas ha declarado ante el juez en “calidad de investigados” (término que ha sustituido recientemente al concepto de imputado) por sendos delitos de “presunta prevaricación administrativa”. La citación judicial se apoya en un informe del Ministerio Fiscal que, dada la comparecencia “en calidad de investigados”, estima indicios de delito y da credibilidad a la denuncia planteada el pasado 9 de octubre de 2015 por el sindicato CTA, que presentó en los juzgados sendos escritos en los que se alertaba de la presunta prevaricación.

CTA PEDIRÁ TESTIFICALES DE FUNCIONARIOS

Por otra parte, el abogado de CTA ha anunciado su intención de solicitar diversas testificales en los próximos días. Entre ellos, tiene pensado llamar a declarar a los funcionarios que han firmado los informes advirtiendo las presuntas irregularidades en el contrato del Alcázar, como el que en su día firmó la interventora general de Fondos.

El abogado de la acusación particular ha asegurado que en su interrogatorio Navas ha reconocido que durante un mes se estuvo explotando el Alcázar sin que hubiera soporte jurídico alguno. Además, el letrado ha dicho que la empresa EMTE, adjudicataria del servicio, no abonó ningún canon por el uso de este monumento municipal hasta el mes de septiembre de 2015.

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