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La grabación en la que Menacho explica los “donativos” de sus empleados

Cristian Menacho, de Guadalquivir Futuro | MADERO CUBERO

Alfonso Alba

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“Lo que hacemos es como apadrinar un niño” del Tercer Mundo. El que habla es Cristian Menacho, todavía secretario general de las Juventudes Socialistas en Córdoba (aunque en trámite de expulsión) y responsable de la Fundación Guadalquivir y Jóvenes para el Futuro. Lo hace en una reunión de principios de 2016 con sus trabajadores. En la grabación, Menacho coordina una reunión con sus trabajadores en la que explica cómo será el proceso administrativo por el que sus empleados aportarán “donativos” a las entidades.

Esta grabación forma parte de la denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción 8 de Córdoba, que ha abierto una causa de investigación y que ha citado tanto a Menacho como a su madre, Ángeles Muñoz, en calidad de investigados. Este martes, Menacho tenía que declarar por la denuncia de dos de sus empleados pero sufrió un ataque de ansiedad. Volverá al juzgado este miércoles.

En el audio, Menacho explica el sistema diseñado para que sus empleados cobren su nómina y luego “de forma voluntaria” entreguen un “donativo” de unos 38 euros al mes por trabajador. En total, los denunciantes calculan que la entidad detraía unos 500 euros al mes. “No vengo aquí a estafar a nadie”, llega a advertir el secretario de las Juventudes Socialistas al inicio de la reunión con sus empleados.

En la grabación, Menacho (que cuando se empezaron a publicar informaciones sobre este sistema negó saber nada de los donativos) se llega a trabar en la explicación. En vez de “apadrinar”, usa el verbo “empadronar” para explicar en qué consisten los donativos. Se escuchan las risas de los asistentes, que le corrigen. Después, sigue explicando que les va a entregar a los trabajadores un documento en el que se comprometen a realizar una “donación voluntaria”. “Ahora os comprometéis durante un año a donar la cantidad”, detalla en el audio.

Además, el responsable de la Fundación Guadalquivir detalla en su reunión que esto es “lo que me ha explicado el asesor por lo alto”, sobre el que descarga toda la responsabilidad, y avanza que para que los empleados puedan desgravarse la donación en la declaración del IRPF a final de año “lo que vamos a hacer es que lo donáis en dos meses: enero y febrero; en febrero como si fuera marzo y abril, dividido en el año entero”, explica.

Este verano los trabajadores de la Fundación Guadalquivir, Jóvenes para el Futuro y también algunos miembros de la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir decidieron romper su silencio y comunicar a la Junta lo que consideraban que era un escándalo. Los trabajadores denunciaron ante la Inspección de Trabajo y también ante la Consejería de Empleo que eran obligados a dar parte de su sueldo en concepto de “donativos” que no se sabía muy bien a dónde iban.

Estas tres organizaciones, que recibían importantes cantidades de subvenciones públicas, estaban controladas por Ángeles Muñoz y Cristian Menacho, madre e hijo, dos caras muy conocidas dentro del PSOE de Córdoba. La madre fue en la lista del PSOE a las elecciones municipales de 2011. El hijo sigue siendo a estas horas el secretario general de las Juventudes Socialistas en Córdoba, aunque la organización ya ha iniciado los trámites para expulsarle. A su cargo, y a través de estas tres entidades, tenían un importante número de trabajadores (casi todos mujeres) y participaban en distintos talleres sociales, atención a mayores a través de cáterings, limpiadoras...

En junio, un grupo de trabajadoras dijo basta. Una empleada se negó a aportar donativos de su sueldo y fue despedida, según consta en una de las denuncias ante la Inspección de Trabajo a la que ha tenido acceso este periódico. Pero fue dada de baja sin saberlo, según denunció. El resto de denuncias, aunque casi siempre anónimas, llegaron en cascada hasta que se abrió una investigación que acaba de descubrir, siempre según apuntan todos los informes consultados por este medio, que los empleados eran obligados a aportar parte de su sueldo. Algunos apuntan que los “donativos” a este conglomerado llegaban a alcanzar los 500 euros al mes.

La Junta, a través de sus informes, considera probado que al menos desde 2014 se están produciendo estas prácticas. De hecho, ha abierto una información reservada por la denuncia de otro trabajador en la entidad Jóvenes para el futuro, también controlada por Ángeles Muñoz y Cristian Menacho.

La investigación de la Consejería ha descubierto que no solo se aportaban donativos por parte de los trabajadores. También se detectó otra práctica: el cobro de dinero a los asistentes a los talleres que impartía la Fundación Guadalquivir en las clases de apoyo. Según la información, a cada niño se le cobraba un euro por hora de clase, tal y como ha denunciado uno de los antiguos trabajadores de esta entidad.

En sede parlamentaria, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, informó que las tres fundaciones han sido sancionadas con un total de 46.251 euros por irregularidades y tendrán, además, que reintegrar un total de 304.905,99 euros de las subvenciones a las que se acogieron. Durante su comparecencia, Sánchez Maldonado ha recordó que la Inspección de Trabajo inició una investigación a raíz de la denuncia de algunos trabajadores contratados en base a ayudas recogidas en el Decreto Ley 2/2015, que incluye ayudas a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos de empleo.

Además, la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del SAE también inició un expediente de información reservada para clarificar la ejecución de estas ayudas. Según el informe de la Inspección de Trabajo se considera que los hechos constituyen “una infracción laboral muy grave en materia de empleo”, que lleva aparejada la sanción a las entidades, la pérdida automática de las ayudas y la devolución de las subvenciones recibidas.

Tras toda esta información y lo investigado por la Inspección de Trabajo surge otra pregunta. ¿A dónde fue a parar el dinero de los donativos y el que se cobraba a los niños por las clases de apoyo? Ni la Consejería de Empleo ni la Inspección de Trabajo pueden investigarlo.

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