APDH-A denuncia la sanción a un preso por hablar con un periodista

“El derecho a la información no puede detenerse a las puertas de prisión”. Con esta imagen, el coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Valentín Aguilar, ha denunciado ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno el expediente que la prisión de Córdoba abrió a un interno por mantener una conversación con un periodista, que posteriormente publicó dicha información.

La dirección del centro penitenciario alegó que no se había utilizado el cauce oficial para solicitar la entrevista y tachó de “falsos” los contenidos de la misma, interponiendo por ello una sanción al preso que durante un mes estuvo privado de paseos y actos recreativos comunes de la prisión. Después de estos hechos, volvió a pedir la comunicación con otro periodista por el cauce establecido, sin que haya habido respuesta y “de facto”, no se concedan permisos para entrevistas entre periodistas y presos, según denuncia APDH-A.

“Esta sanción es una muestra de la vulneración del derecho a la libertad de expresión de las personas presas, al derecho a la información de la ciudadanía y una limitación evidente al ejercicio del periodismo”, ha señalado el coordinador general de APDH-A, Valentín Aguilar, quien ha presentado un escrito ante la Subdelegación del Gobierno para conocer los motivos “por los que no se autoriza ni notifica al citado interno la denegación de la comunicación solicitada, así como cuáles son los criterios concretos en que se ampara la no concesión de entrevistas entre los privados de liberta y los medios”.

En ese sentido, APDH-A recuerda que la normativa europea establece que “los internos deben ser autorizados a comunicar con los medios, a menos que haya poderosas razones en contra como la seguridad, el interés público o la protección de las víctimas, de otros detenidos o del personal penitenciario”.

“¿Es más peligroso un periodista que un médico o un abogado?”, ha preguntado Aguilar para recordar cómo profesionales como éstos, notarios o sacerdotes entran en prisión a diario para realizar su trabajo mientras que los periodistas no acceden de manera habitual.

En el escrito presentado al subdelegado del Gobierno en Córdoba, APDH-A solicita asimismo que realice una “recomendación para la autorización de entrevistas profesionales de periodistas en igualdad de condiciones con el resto de colectivos profesionales”, de manera que “se respete el derecho a informar y a ser informados” de profesionales y ciudadanía.

Por estos mismos hechos ocurridos con un preso de la cárcel de Córdoba, APDH-A ha elevado una queja al Defensor del Pueblo Estatal para denunciar asimismo “la vulneración de su derecho a la libertad de expresión”.