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Rafael Navas y Miguel Reina | MADERO CUBERO
Rafael Navas y Miguel Reina | MADERO CUBERO
El juez suspende la citación, prevista para hoy en caso de Navas y para el lunes en el de Reina, mientras se decide si CTA puede personarse como acusación popular

El Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Provincial de Córdoba ha aplazado las declaraciones previstas por los exconcejales del PP Rafael Navas y Miguel Reina. El titular del juzgado ha suspendido las citas previstas (Navas debía acudir a las 10:30 de hoy) después del recurso planteado por el sindicato CTA, que quiere personarse en las dos causas como acusación popular. Miguel Reina tenía cita ante el juzgado el próximo lunes.

CTA recurrió ante la Audiencia Provincial que pese a ser quien ha interpuesto la denuncia, admitida a trámite, el juez no ha permitido que se persone en la causa contra estos dos exconcejales del PP en el mandato anterior. Ahora, el juez aplaza las declaraciones mientras se resuelve el recurso, que tiene un mes de plazo, según han confirmado esta misma mañana fuentes judiciales.

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Nada más conocerse la citación del juzgado a Reina y Navas, el sindicato reclamó al juzgado su personación como acusación particular o popular, entre otras cuestiones para poder acceder a la información recogida en el informe de Fiscalía que ha servido de base para la llamar a los dos exconcejales ante el juez.

Navas y Reina declararán ante el juez een “calidad de investigados” (término que ha sustituido recientemente al concepto de imputado) por sendos delitos de “presunta prevaricación administrativa”. La citación judicial se apoya en un informe del Ministerio Fiscal que, dada la comparecencia “en calidad de investigados”, estima indicios de delito y da credibilidad a la denuncia planteada el pasado 9 de octubre por el sindicato CTA, que presentó en los juzgados sendos escritos en los que se alertaba de la presunta prevaricación por el fraccionamiento irregular de contratos en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) -cuyo presidente era Miguel Reina- y en el Alcázar de los Reyes Cristianos, cuyo responsable político era Rafael Navas, como delegado de Turismo.

En el caso del Instituto Municipal de Deportes, el primer escrito del sindicato CTA ante la Fiscalía se remonta al pasado 22 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales, y en él se denunció el presunto fraccionamiento irregular del contrato con la firma de abogados Cuatrecasas. Según la denuncia, Reina, a través de sendos decretos firmados en mayo y octubre de 2013, habría eludido el límite económico para este tipo de contratos menores (30.000 euros) para contratar al bufete catalán que, entre otras cuestiones, llevó el proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el organismo municipal.  La suma de estos dos contratos ascendió a 36.905 euros.

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8 comentarios

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