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Una persona mayor dependiente, acompañada de su cuidadora | PIXABAY
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El Ayuntamiento ha ordenado remitir las actuaciones al consejo Consultivo de Andalucía, para la emisión del preceptivo informe

Lío en el Ayuntamiento de Castro del Río a cuenta de la licitación del servicio de ayuda a domicilio municipal. En un primer momento, el Consistorio resolvió que la empresa designada para el servicio fuese el Grupo ADL. Pero ahora, todo está en el aire. Y es que la empresa que había venido disfrutando de la concesión hasta ahora y que aspiraba a renovarlo, Castreña Servicios Asistenciales, S. L. ha impugnado el procedimiento al detectar numerosos “vicios” en la adjudicación. 

Este mes, el Ayuntamiento reculó y dejó sin efecto la adjudicación a la ADL, ordenando que se convocase una nueva Mesa de Contratación. Pero los representantes de Castreña presentaron un recurso administrativo.

El Ayuntamiento informa en una nota de prensa que a la licitación de este servicio se presentaron nueve empresas, procedentes de toda Andalucía. Entre ellas tres empresas del municipio. Los técnicos del Instituto Provincial de Servicios Sociales, prosigue el comunicado, propusieron la adjudicación del servicio al Grupo ADL, de Aguilar de la Frontera, al alcanzar 40 puntos. De esta forma, concluyeron que era “el proyecto mejor presentado con gran diferencia sobre los demás”.

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Una vez realizados todos los trámites y conocidos los proyectos presentados la Mesa acordó, tras el informe presentado por los Técnicos del Instituto Provincial de Servicios Sociales, proponer la adjudicación del servicio al Grupo ADL, de Aguilar de la Frontera, al alcanzar 40 puntos y valorar que era el proyecto mejor presentado con gran diferencia sobre los demás. Castreña Servicios Asistenciales, añade el Ayuntamiento, quedó en sexto lugar al obtener 27,76 puntos.

La empresa Castreña Servicios considera que “los vicios acaecidos no son anulables, sino que, por su envergadura, resultan ser nulos de pleno derecho”. Por eso, “se debería retrotraer el procedimiento al inicio, convocándose directamente una nueva licitación”, explica Antonio Benítez Ostos, letrado de Castreña Servicios Asistenciales, especialista en Derecho Administrativo y Director del Departamento de Derecho Administrativo de la Oficina de Córdoba de la firma Martinez Echevarría Abogados.



Benítez Ostos ha detectado al menos ocho aspectos que considera presuntos vicios administrativos: en la tramitación del expediente administrativo, irregularidades en la conformación de la Mesa de Contratación; la publicación de la convocatoria de la Mesa, que no se produjo con 48 horas de antelación ni su composición con la semana de margen para alegar; por otro lado, se produjo la adjudicación provisional de ADL “a pesar de que la figura de la adjudicación provisional está derogada desde 2010”, apunta el abogado; a pesar de que tras la adjudicación provisional, se otorgó plazo para presentar recurso de reposición y en lo contencioso administrativo cuando, en realidad, eso solo puede ocurrir tras las adjudicaciones definitivas. 



En cuanto a la adjudicación en sí, “se aprecian presuntos errores y falta de justificación en la valoración técnica realizada por el Instituto de Bienes Social, órgano encargado de puntuar las propuestas de los licitadores”, indica Antonio Benítez Ostos. Por último, el decreto por el que el Ayuntamiento anula la adjudicación y vuelve a convocar la Mesa de Contratación tampoco ha seguido, a juicio del letrado, el procedimiento legalmente establecido.



De no reiniciarse el proceso completo, la empresa anuncia que se plantearía llevar el caso a los tribunales. De momento, el Consistorio, sin entrar en muchos detalles, ha estimado la impugnación planteada y ha decidido suspender cautelarmente el procedimiento, además de ordenar la revisión de oficio del mismo. 

A la vista de lo anterior el Ayuntamiento de Castro ha ordenado la revisión del procedimiento y ha elevado al Pleno, de conformidad con el informe de Secretaría, la revisión del expediente y una vez elaborada la correspondiente propuesta de resolución, remitir las actuaciones al consejo Consultivo de Andalucía, para la emisión del preceptivo informe.

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