El secretario del Pleno dice que la ordenanza del taxi es legal

El funcionario Valeriano Lavela responde en un informe solicitado por el PP que “discrepa” totalmente sobre la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que anunció su intención de presentar un recurso Contencioso Administrativo contra la normativa municipal

El secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, ha redactado un informe, fechado hoy mismo, a petición de los 11 concejales del PP en el que considera que la ordenanza del taxi aprobada en el anterior gobierno municipal es legal y “discrepa del contenido del informe adverso emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia” (CNMC). Este organismo anunció al Ayuntamiento, vía escrito y tal y como adelantó este periódico, su intención de presentar un recurso contencioso administrativo contra la actual normativa del sector, impulsada por la anterior responsable de Movilidad, Ana Tamayo, y que ya en su día contó con el rechazo frontal de empresas del sector, como E-Taxi, y de organizaciones de consumidores como Facua o sindicatos como UGT, a los que el escrito del organismo, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, acaba dando la razón en sus quejas.

Ahora, el secretario general del Pleno del Ayuntamiento considera que el articulado que ha sido cuestionado por la CNMC se ajusta “a la normativa vigente” y que no se aprecia “vulneración alguna en materia de defensa de la competencia ni de la unidad de mercado ni de libre prestación de servicios”.

El secretario, que entra a fondo en el articulado de la ordenanza que se ha cuestionado, considera que desde “el máximo respeto” a lo que ha planteado la CNMC, un órgano del Gobierno, considera que si se exoneran a los profesionales de requisitos para la actividad del taxi “se podría producir el efecto contrario que pretende evitarse por la vigente legislación europea, nacional y autonómica, es decir, la producción de fenómenos monopolísticos y de concentración de cuota de mercado por parte de determinadas sociedades mercantiles”.

Lavela sugiere al Ayuntamiento que tome conocimiento de este informe en la próxima sesión plenaria y plantea la posibilidad de trasladarlo a la CNMC a modo de alegaciones contra el dictamen de este organismo contra la ordenanza del taxi.

UGT TAMBIÉN ALEGA CONTRA LA ORDENANZA DEL TAXI

Por otra parte, UGT ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para solicitar la impugnación de la nueva ordenanza municipal del taxi de Córdoba, según ha informado a través de una nota de prensa. La denuncia se centra en los aspectos propios de una organización sindical: condiciones laborales de los trabajadores asalariados, sus derechos y la participación de los agentes sociales y asociaciones de consumidores y usuarios en la organización del servicio público. La denuncia se sitúa al margen del cuestionamiento que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hace sobre los pilares básicos del sector del taxi.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el requerimiento que hace al Ayuntamiento para la anulación de 14 artículos de la norma, cuestiona la regulación nacional y autonómica del sector, y apela a un sistema organizativo ultraliberal conservador impropio de un sector público regulado con características tan singulares. “El planteamiento de la CNMC, que podrían ser válido para otros sectores privados, aplicado al sector del taxi lo llevaría a una situación caótica en la que los perdedores serían los usuarios, los trabajadores autónomos (según la CNMC operadores) y los propios asalariados”, señala UGT a través de su comunicado.

“Si el rigor que la CNMC aplica en la ordenanza de Córdoba se aplicase en cualquier otra ordenanza municipal de cualquier otra ciudad, el resultado sería muy parecido. Nos causa sorpresa que este organismo dependiente del Ministerio de Economía haya puesto la lupa precisamente en Córdoba, a la que ignora sistemáticamente para otras cuestiones de interés ciudadano, coincidiendo con el cambio de gobierno municipal, encendiendo una mecha que otros habían dejado puesta con algunas complicidades, y con el afán desmedido de cierta asociación por eliminar del mercado a sus competidores”, ha indicado el secretario general del Sindicato para la Movilidad y el Transporte (SMC) de UGT Córdoba, Manuel Sánchez.

Para Sánchez, el anterior gobierno municipal gestionó “de forma nefasta la elaboración de la ordenanza, desoyendo las múltiples alegaciones y propuestas formuladas por UGT, Consejo de la Ciudad, consumidores, usuarios y otras asociaciones”. “Se formuló un texto a medida de unos intereses concretos, y esa radicalidad de los actores influyentes en la norma puede ser el motivo por el que hoy todo el sector vea seriamente comprometido el futuro”, expresa el sindicato.

UGT aboga por desarrollar una norma de sentido común con el consenso de todos los agentes implicados, salvando los obstáculos de la CNMC. Por último UGT muestra su disposición a desistir del contencioso e iniciar cuanto antes el diálogo con las partes, para solucionar de forma definitiva el conflicto y dar al sector estabilidad y proyección de futuro.