Juan Calvo-Rubio: “El derribo debe ser la norma con las construcciones ilegales”

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Hasta hace pocos meses, Juan Calvo-Rubio era un cordobés -es natural de Aguilar de la Frontera- afincado en Málaga. Ahora se siente un malagueño que ha vuelto a sus orígenes cordobeses. El nuevo fiscal jefe se ha estrenado con un asunto espinoso: el archivo de la denuncia interpuesta por varios exalcaldes y movimientos ciudadanos por una presunta responsabilidad penal en la inmatriculación de la Mezquita. Especialista en Medio Ambiente y ordenación del territorio, durante los diez años en los que ejerció su labor en Málaga fue considerado 'el azote' de los delitos urbanísticos. Estos, a su juicio, siguen sin ser considerados como tales por los infractores y ante ellos solo debe haber una vía: el derribo. El nuevo jefe de la Fiscalía cordobesa viene con ganas de cambio, de más trabajo especializado y de fomentar aspectos como la conciliación para agilizar unos procesos que reconoce atascados y resume de forma rotunda: “Cuando la Justicia es lenta, es menos justa”.

PREGUNTA. Lleva más de tres meses al frente de la Fiscalía de Córdoba. ¿Ha tenido tiempo para elaborar un diagnóstico de cuál es la situación en la que se encuentra a efectos de personal y medios?

RESPUESTA. Es casi el mismo que el que se repite en otras fiscalías. Como norma general, disponemos de una gran plantilla de profesionales de los que la ciudad puede presumir por su dedicación y trabajo, pero también nos encontramos con las mismas carencias que tiene toda la Administración de Justicia. Hay una evidente escasez de medios personales, tanto de labores de oficina-tenemos un administrativo para cada dos fiscales- como de los propios fiscales. Con respecto a las instalaciones materiales, solo hay que entrar y verlo. Una oficina en la que hay 18 personas en una misma habitación, unos despachos compartidos por hasta cuatro fiscales. No creo que éstas sean las mejores condiciones para desarrollar el trabajo; tenga en cuenta que un fiscal recibe visitas de otros letrados, de ciudadanos que vienen a contar sus problemas y que tienen que hacerlo con otras personas delante.

P. En su primer discurso como fiscal jefe de Córdoba, precisamente insistió en estas carencias y reclamó más medios humanos y materiales. Esto ya se ha convertido, por desgracia, en un clásico. ¿Sirven de algo estas peticiones? ¿Ha mantenido algún contacto oficial para solucionar este problema?

R. Ahora mismo no tengo idea de que vaya a existir ese tipo de refuerzos porque nos encontramos en el momento de crisis en el que estamos y obviamente las soluciones que se ofrecen no son las que todos quisiéramos. No queda más que esperar a que las cosas se vayan solucionando, pero independientemente de que sepamos esto, la realidad es que hay que reclamar y reivindicar la escasez de medios con la que trabajamos en toda la Administración de Justicia.

P. Teniendo en cuenta esas limitaciones, ¿qué retos se plantea a corto medio plazo al frente de la Fiscalía de Córdoba?

R. Intentaré potenciar la especialización, reestructurar y reordenar la Fiscalía con los medios de los que dispongo. Tengo intención de darle un impulso al tema de las conformidades con el objetivo de conseguir que se reduzca el número de procesos y que podamos conseguir un ahorro en el trabajo y una mejor solución de los problemas porque acortaría los plazos de trabajo y llegaría antes al ciudadano.

P. Como ha dicho, el problema afecta a toda la Administración de Justicia. No son las mejores condiciones para trabajar y eso se refleja en la imagen de cara al ciudadano.

R. Indudablemente. Cuando celebramos procedimientos al cabo de diez años de haberse iniciado el asunto, es evidente que no estamos haciendo las cosas bien y en eso hay que incluir el tanto de culpa que le corresponde a cada uno. En general se puede decir que necesitamos una profunda reestructuración.

Una oficina con 18 personas o despachos compartidos por cuatro fiscales no son la mejor manera de trabajar

P. Hablando de procedimientos que se alargan durante mucho tiempo. En estos juzgados se sigue un procedimiento por delito fiscal contra un empresario, hasta hace poco político, Rafael Gómez. Supongo que estará al tanto y conocerá que, tras seis años, se acaba de finalizar la instrucción hace pocas semanas. ¿Es asumible esto?

R. No es asumible ni en un caso de delito fiscal ni en ningún otro, pero cuando hablamos de la tramitación o la instrucción de un procedimiento tenemos que tener en cuenta la legislación que tenemos, la posibilidad del derecho de defensa de recurrir, que no seré yo quien lo cuestione, pero habría que tener un poco de cordura. También que en los juzgados los jueces y los funcionarios se sienten desbordados... Cuando entra un procedimiento que puede parecer simple por el delito, pero que a lo mejor se complica por el número de implicados, por los recursos, por la instrucción, cambios de jueces… Habrá que intentar que este tipo de situaciones no sucedan, pero evidentemente, como le he dicho antes, no es asumible.

P. ¿Entonces se trata de un problema solo de falta de personal o también intervienen el propio sistema y los procedimientos que lo demoran todo?

R. Se trata de ambas cosas. No se puede centrar la culpa en un solo aspecto. Tenemos una legislación muy antigua que va parcheando la ley de 1882 y que debe ser objeto de mejoras. Luego está la escasez de medios humanos y materiales que provoca e influye en la propia dinámica de trabajo que desarrollamos. Se trata de un conjunto de situaciones que nos llevan a un resultado perverso.

P. ¿Si se pervierte el procedimiento se acaba pervirtiendo el resultado final de un proceso y más de aquellos que se dilatan durante tantos años?

R. Evidentemente, cuando la Justicia es lenta es menos justa. Está claro que, como dice, se acaba pervirtiendo el sistema.

P. Volviendo al caso que le he mencionado antes, ¿cree que el juicio por el presunto delito fiscal de Rafael Gómez estará fijado antes de que acabe el año?

R. Eso sí que no lo puedo decir. Habrá que ver el calendario de señalamientos del juzgado y los pasos que faltan por dar. No me atrevo a asegurar o ponerle una fecha.

Una justicia lenta es menos justa. No es asumible que un procedimiento por un delito fiscal o por cualquier otro se prolongue durante seis años

P. ¿Se ha metido demasiado la política en el terreno judicial? En los últimos años cualquier declaración en el terreno político, cualquier réplica subida de tono, acaba en los tribunales para luego, en la gran mayoría de los casos, acabar archivándose.

R. Creo que ésa es una percepción que puede tener todo el mundo. Quizás tenga que ver con que en este país parece que hemos olvidado los tipos de responsabilidades que existen. Parece que solo existe responsabilidad penal, de tal manera que cuando ponemos todo en el ámbito del Derecho Penal habría que pensar que a veces conseguimos el efecto contrario. La responsabilidad penal es más complicada de determinar, con unos principios muy estrictos de los cuales no nos podemos salir. Un señor puede ser un sinvergüenza o un ladrón, pero en el terreno penal eso hay que demostrarlo. Se puede no ser honrado y no poderse probar que se ha cometido un delito. En muchos de los casos que me menciona-terreno político- se sale del juzgado diciendo: “¿Ven? La Justicia me ha dado la razón y lo hemos hecho bien” . No es así. Lo que dice la Justicia es que eso no está catalogado o probado como delito, pero no necesariamente que se haya hecho bien.

P. Vista su respuesta, ¿cree que la política utiliza o se vale de la Justicia para sus propios intereses?

R. Como le he dicho, la política pervierte a la Justicia cuando las responsabilidades se centran solo en el Derecho Penal. Tendríamos que tener en cuenta que cuando una persona es un servidor público, como es el político, debiera darse no solo que no ha cometido ningún delito, sino que además tampoco lo parece. Y sin embargo, en este país parece que solo se obtiene esa responsabilidad cuando es condenado. Cuando una persona presta declaración en calidad de imputado, normalmente es porque hay algo. Cuando esa persona es acusada, o se celebra juicio oral es, obviamente, porque hay algo. Pero la sentencia luego puede declararle inocente, aunque evidentemente indicios los hay o los ha habido; que luego el político considere que esos indicios son suficientes como para abandonar esta actividad ya depende de la persona y también debe ser tenido muy en cuenta por los ciudadanos.

Que la política se ha metido en la Justicia es una percepción que tiene todo el mundo. Cuando las responsabilidades  se centran solo en el Derecho Penal acaba pervirtiéndola

P. Usted es un especialista en delitos relacionados con el Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Aquí en Córdoba los casos relacionados con parcelas ilegales siguen estando muy presentes. ¿Va a poner énfasis en estos delitos al tratarse de su campo? ¿Reforzará estas áreas de la Fiscalía?

R. El problema de los refuerzos es que estamos quitándolo de un sitio para ponerlo en otro. Mi idea es fomentar la especialización entre los fiscales. El problema es que hay que hacer encaje de bolillos para que eso no afecte al normal funcionamiento de la Fiscalía. Con lo que tenemos tendré que reordenar para que, en la medida de las posibilidades, sí tengamos mayor presencia en algunos ámbitos. La ordenación del territorio es uno de ellos y, aparte de ser mi campo, me consta que hay problemas similares en Córdoba.

P. ¿Como experto puede explicarme qué lleva a alguien a adquirir un terreno y, por su propia cuenta y riesgo, levantar una vivienda y que, además, otros le sigan y al final se acabe creando una urbanización que, con el paso del tiempo, acaba reclamando a los Ayuntamientos servicios básicos, dado el volumen de personas que acaba viviendo allí?

R. Eso mejor habría que preguntarle a las personas que deciden dar ese paso. Nosotros solo podemos hacer elucubraciones. Uno de los motivos que influye es la sensación de impunidad, de que aquí no pasa nada, de que la Administración no funciona o me va a dejar la obra que he realizado pagando una multa. Todos los delitos que proceden del ámbito administrativo y que entran en el Código Penal porque, como norma general, la Administración ha demostrado su impotencia, generan cierto rechazo a la aplicación del baremo de delito.

Con las construcciones ilegales no se puede condenar el delito y permitir que el fruto de ese delito, la casa, se conserve. La regla general debe ser la demolición

P. Como que es menos delitos, vamos.

R. Exacto, es como que tendemos a no verlo. En el caso de la ordenación del territorio, el legislador no ha puesto de manera tajante el tema de la demolición y está bien que no sea así porque hay casos y casos. El problema es cuando algunos tribunales consideran que la demolición es una cosa excepcional. El Supremo en varias sentencias ha sido tajante: la regla general es la demolición y en casos excepcionales podrá acordarse una multa y aquí está ocurriendo precisamente lo contrario. Tenemos que darnos cuenta del problema y funcionar de una manera adecuada.

P. Entonces, la regla general debe ser la demolición de las edificaciones ilegalmente construidas.

R. Claro, si decimos que un señor ha cometido un delito y que el fruto de ese delito es la vivienda, lo que no tiene ningún sentido es que digamos: “Usted ha cometido un delito, es un delincuente, le voy a condenar a una pena, pero se puede usted quedar con el fruto de ese delito”. Si eso es un reflejo de lo que ocurre en la administración municipal, que no adopta en general medidas en contra de esa situación, pues la sensación que tiene el señor o señora que va a construir ilegalmente es la de a mí me van a poner un multa, pero la casa se queda. Por lo tanto, meto esa multa en los costes de la casa, pero la casa se queda. Junto a esto, el propio individuo percibe que lo que está haciendo no es un delito, sino una infracción administrativa.

P. Los conceptos como el Asimilado Fuera de Ordenación que está impulsando la Administración autonómica y que van a permitir regularizar miles de edificaciones, hasta ahora ilegales, tampoco parece que vayan por el camino del derribo.

R. Algunos miembros de la Administración en algunos casos hablan e inducen a error. Se ha hablado de un decreto de regularización, pero si uno lo lee, lo único que hace ese decreto es reconocer una situación de hecho que, por el tiempo que ha transcurrido, ya no se puede ir contra ella. Le pongo el ejemplo con otro delito. Si cometemos un robo y pasan diez años podemos decir: el delito que usted cometió ya ha prescrito pero le voy a colocar un cartelito de que usted robó. El Asimilado Fuera de Ordenación es eso. Eso no es legalizar lo que se hizo en su momento.

No me atrevo a pronosticar una fecha para el posible juicio por el presunto delito fiscal de Rafael Gómez

P. Otro de los campos en los que usted se ha especializado a lo largo de todos estos años en la Fiscalía de Málaga es en asuntos relacionados con el maltrato animal. En este caso ocurre lo mismo: no se tiene sensación de que sea un delito o al menos que no es tan grave como pueden ser otros. Aunque cada vez hay más personas sensibles con este tema y que reclaman penas más duras.

R. Es cierto que cada vez hay más personas sensibles con este tema por lo que demuestra ese maltrato animal, esa crueldad que se ejerce contra un animal que no puede defenderse y que saca los instintos o esos sentimientos tan reprochables del ser humano. Y ocurre lo mismo que con la ordenación o en el Medio Ambiente, que son delitos tan arraigados en la sociedad que no los ve como un delito reprochable desde el punto de vista penal. La realidad es que tenemos que tener en cuenta que los tiempos van cambiando, que también lo hace la sociedad y que ahora mismo hay una sensibilidad hacia este tema que no la había antes.

P. Un reflejo de que esos tiempos están cambiando es el espectacular aumento de los ciberdelitos. ¿Le preocupa este tema por el hecho de que la Justicia siempre va muy por detrás con respecto a la sociedad?

R. Como norma general, el delincuente siempre va por delante. Lo que necesitamos es una acción pronta. Estamos ahora mismo en la sociedad de la informática, de los medios de comunicación… es normal que los delitos también vayan por este camino.

P. Pero los presuntos delincuentes son cada vez más jóvenes: whatsapp, redes sociales, revelación de secretos…

R. El problema es cómo reaccionamos. Es lo que le decía antes. El problema es que siempre acudimos al Derecho Penal para buscar soluciones y hay que tener claro que, como norma general, el Derecho Penal no es la solución, sino que es la última opción. Y a lo mejor llegamos a él porque quizás no se hayan hecho bien las cosas. Por lo pronto porque lo que necesitamos es una mejor educación. Si a una sociedad le quitamos los valores poca sociedad nos queda y parece que hablar o mencionar este término -valores- es algo anticuado o de ser un carca. No hablo de valores religiosos, sino humanos. Cuando nos olvidamos de ellos y todo nos parece posible, nos encontramos con situaciones en las que cada vez parece que hay más delitos y a lo mejor lo que ocurre es que no estamos educando. Cada vez hay más jóvenes acusados de violencia de género. ¿Cómo es posible?

Al igual que ocurre con la ordenación del territorio, los delitos por maltrato animal se ven como menos delito. Los tiempos cambian y las sensibilidades también y tenemos que adaptarnos

P. Con respecto a la violencia de género, miles de campañas, propuestas, condenas mas duras, órdenes de alejamiento... y los casos no cesan e incluso repuntan. ¿Estamos ante un problema enquistado en la sociedad española?

R. No debemos pensar que la violencia de género es un problema enquistado porque eso nos llevaría a intentar luchar contra él con menos fuerza. Mientras siga existiendo una sola muerte o unos malos tratos no podemos pensar que se trata de un problema enquistado. Hay que luchar y si hasta ahora no ha dado buenos resultados, probar otras soluciones o insistir en las que estén funcionando.

P. El balance de la lucha contra la violencia de género y de las soluciones que se han dado, ¿tiene más sombras que luces?

R. Eso es muy difícil de determinar. En esto, como en casi todo, cada uno habla según le va. Nos encontraremos a personas que nos dirán que han sufrido los rigores de la Ley con detenciones u órdenes de alejamiento que luego se demostraron innecesarias y nos encontraremos con mujeres que están sufriendo verdaderos malos tratos y que piensan que no se les da la respuesta adecuada. Es muy difícil.

Con el archivo de la denuncia de la Mezquita solo estamos diciendo que el Derecho Penal no es el terreno para desarrollar el debate. Puede ser el Civil, el Administrativo, pero el Penal no lo es

P. Uno de los asuntos que se ha encontrado encima de la mesa ha sido la polémica en torno a la Mezquita-Catedral de Córdoba. ¿Prevé que este tema le va a dar mucho trabajo? ¿Cree que la respuesta a esta polémica está en otros ámbitos, pero no en el judicial?

R. Todo lo que he hablado antes iba en relación con esto. Recientemente se ha archivado una denuncia porque la Fiscalía ha considerado que no había delito. No decimos que esté bien hecho, no decimos de quién es la propiedad ni quién es titular. Simplemente decimos: “La actuación que se ha denunciado no es delito”. Todo no es penal. Hay muchos otros ámbitos a los que se puede llevar, pero nosotros solo decimos que lo que se ha denunciado no es delito. Que el Derecho Penal no es el terreno en el que se puede dirimir este asunto.

P. Entonces la solución a la polémica está en el Derecho Civil. ¿Es éste un debate con excesiva carga política?

R. Claro. En el Civil, en el Administrativo... Estamos discutiendo sobre la propiedad. Desde luego en el Penal, no. Es obvio que estamos ante un debate con mucha carga política.