Imputado el exjefe de servicio de Formación de la Junta

Manuel Gavilán ha dimitido como miembro de la ejecutiva provincial del PSOE y ha pedido la baja como militante socialista tras ser acusado en la investigación que dirige la jueza Alaya

La Unidad de Delincuencia Organizada (UCO) de la Guardia Civil que desarrolla la investigación de la llamada operación 'Barrado', que investiga a exaltos cargos de la Junta de Andalucía por el fraude en los cursos de formación, ha imputado policialmente al exjefe de servicio de Formación para el Empleo en Córdoba, Manuel Gavilán, según han confirmado distintas fuentes. Gavilán, por su parte, ha dimitido como miembro de la ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba, donde tenía el cargo de vocal, ha dejado la secretaría de organización de la Agrupación Centro del partido y ha pedido la baja como militante, confirmaron fuentes socialistas.

Gavilán ha sido imputado policialmente por una investigación en la que también se ha formalizado escrito de acusación por parte de la Guardia Civil contra dos exjefes de Formación para el Empleo en Granada y otros tres en Sevilla, han confirmado las fuentes. Estas seis personas han declarado ya ante la Guardia Civil, pero aún no han sido puestas ha disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, que es quien dirige la investigación.

El nombre de Gavilán ya apareció en la investigación de la Guardia Civil en el caso de los ERE fraudulentos, pero no fue imputado. Según publicó en su día el diario ABC, un fax remitido por la exgerente de Promi, Cristina Ruiz (que iba en la lista del PP a las elecciones municipales de 2011, y que dimitió antes), al director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, aludía al interés del entonces jefe del Servicio de Formación del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba, Manuel Gavilán, por “la prejubilación de unas personas que trabajan en una escuela taller de Lucena”.

Ahora, Manuel Gavilán ha sido formalmente imputado por la Guardia Civil, en una operación que culminó con la detención de dos históricos del PSOE (que ya no forman parte del partido) por su trabajo como altos cargos de la Consejería de Empleo: el exalcalde de Pozoblanco y exdelegado de Empleo Antonio Fernández, y la exconcejala de Lucena y exdirectora general de Formación para el Empleo María José Lara.

Estos dos exaltos cargos quedaron en libertad con cargos después de declarar ante Alaya como presuntos autores de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. La operación Barrado sigue abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones o imputaciones.