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Diputación “invita” al Defensor a verificar la laicidad de su sede

Iglesia de la Merced, tras su restauración | MADERO CUBERO

Alfonso Alba

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La institución provincial defiende, tras la queja del diputado de UCOR Carlos Baquerín, su actuación tras la reforma de la iglesia de la Merced y su cesión al Obispado de Córdoba

“Le invitamos a que personalmente visite la sede de esta Diputación provincial”. La presidenta de la institución provincial, María Luisa Ceballos, ha contestado de esta manera, y a través de un informe, a la queja presentada ante el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, por el diputado provincial de UCOR Carlos Baquerín sobre la cesión de la iglesia de la Merced al Obispado de Córdoba. En su respuesta, la presidenta de la Diputación considera que Baquerín “en muchísimas ocasiones utiliza conceptos que no se corresponden con la realidad”.

En su día, el diputado de UCOR Carlos Baquerín formuló una queja ante Maeztu. En la misma, Baquerín argumentaba que “el fomento preferente del culto católico, de su boato y de sus ritos propios y la utilización para ello de la propia sede institucional, con disposición prioritaria de elementos patrimoniales inmobiliarios y mobiliarios, no aparece como una competencia propia de las Diputaciones provinciales ni tampoco como un servicio público local” en las distintas leyes que rigen a estas administraciones.

En la respuesta, Ceballos asegura que en contra de lo que afirma Baquerín la iglesia de la Merced “nunca ha sido sede administrativa” de la Diputación. Al contrario, asegura que la sede administrativa de la institución provincial es perfectamente distinguible de la iglesia recién restaurada.

La presidenta de la Diputación contesta a Maeztu que la Diputación ha autorizado al Obispado, por un periodo máximo de un año y solo durante dos horas a la semana, al uso de la iglesia de la Merced. La institución provincial cita en el informe el contenido de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que, asegura, permite “con total diafanidad la adjudicación directa de determinados acuerdos patrimoniales cuando el usuario sea precisamente una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida”. Así, considera que “se trata de una posibilidad que exime a la administración del trámite de pública concurrencia” por que “prima la satisfacción de un derecho fundamental de los ciudadanos y no por tanto el lucro que pueda obtener una administración”.

En la misiva, la presidenta también informa al Defensor del Pueblo sobre las actividades previstas. Así, además de un programa escolar llamado Descubre la Diputación admite la organización de cuatro autos sacramentales de Calderón de la Barca y conciertos de música antigua, además de coros como Ziryab y otro de cantos gregorianos. Por último, también considera “absolutamente irreal” el “uso de símbolos religiosos por parte de la Diputación Provincial”.

Ahora, Baquerín podrá presentar alegaciones al informe de la presidenta de la Diputación. Una vez enviadas y analizadas, el Defensor del Pueblo Andaluz enviará un escrito de conclusiones definitivo.

Hace unos meses, la iglesia de la Merced pudo reabrir sus puertas después del incendio que la asoló y destruyó por completo en 1978. En total, se estima que en estos años y a través de varias escuelas taller y talleres de empleo la institución provincial ha invertido unos diez millones de euros en su restauración.

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