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Sindicalistas de CCOO. | MADERO CUBERO
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La iniciativa defiende su gratuidad, confidencialidad y privacidad de los actos inscribibles de la ciudadanía

CCOO ha presentado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que pretende que el Parlamento rechace la Ley 18/2014 de 15 de octubre, aprobada en exclusiva con los votos del Grupo Parlamentario del PP y que en sus disposiciones adicionales recoge la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los registradores mercantiles.

El secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha explicado que esta ILP nace con dos prioridades fundamentales: Devolver el Registro Civil a la ciudadanía, manteniéndolo público y gratuito, y frenar las políticas privatizadoras del Gobierno del Partido Popular.

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El sindicato defiende el derecho de la ciudadanía a que el Registro Civil siga siendo un servicio público y para ello es imprescindible su mantenimiento dentro del ámbito de la Administración pública. Para CCOO, la capacidad y la cualificación demostrada por el personal de la Administración de Justicia en sus ya más de 140 años en los que el Registro Civil ha sido servido por este personal, demuestra que ahí debe mantenerse, y que es “un error” la pretensión del Gobierno de sacarlo de su ámbito y proceder a su privatización.

CCOO ha manifestado su oposición a la privatización del Registro Civil y obligar a la ciudadanía a pagar por unos servicios obligatorios (inscripción y certificado de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, nacionalidad, tutela, actos de última voluntad, etc.) que hasta el momento eran gratuitos. De hecho, según los datos de CCOO, sólo en Córdoba, los 500 funcionarios de la Administración de Justicia realizan más de 90.000 trámites judiciales anuales que de tener que pagar supondrían más de un millón de euros anuales.


Además, el sindicato ha criticado que después de que el Ministerio de Justicia haya gastado más de 127 millones de euros en la modernización e informatización de los registros civiles, se entregue a los intereses privados la gestión y cobro por actos obligatorios. Para Mena, la privatización de los registros civiles es “un nuevo recorte social que perjudica, una vez más, a las personas con ingresos más reducidos que van a ver imposible el acceso a la Justicia por las tasas y, ahora, por el pago por certificaciones obligatorias que ya pagan con impuestos y aranceles”.

Por ello, CCOO se opone a la cesión del Registro Civil y lo considera un deterioro del servicio público de la Justicia, porque “supone desmontar un servicio público gratuito para cedérselo a un colectivo que buscará intereses particulares y beneficios económicos a través del cobro de tarifas que actualmente no existen”, ha insistido el responsable sindical.

En el mismo sentido, CCOO ha propuesto realizar un llamamiento al resto de las organizaciones sociales y sindicales de la Administración de Justicia y asociaciones ciudadanas afectadas a formar un “frente común contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia que este Gobierno está llevando a cabo”, ha apostillado Mena.

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