'Cumbre' de técnicos de Hacienda para unificar el criterio y cobrar las deudas de Gómez

El Ayuntamiento se pone en contacto con la Agencia Tributaria para seguir los mismos trámites y cobrar un débito que se calcula en más de 90 millones de euros

En total, el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba y exconstructor, Rafael Gómez alias Sandokán debe a las administraciones públicas al menos 90 millones de euros en sanciones e impuestos que su conglomerado de empresas dejó de pagar antes de su detención en la operación Malaya. A día de hoy, no consta que Sandokán haya abonado prácticamente nada de sus inmensas deudas con las administraciones públicas, principalmente porque la gran mayoría han sido recurridas por sus abogados. Por eso, técnicos del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba se han reunido con los de la Agencia Tributaria para “unificar” los criterios a seguir en los procedimientos que actualmente hay en marcha para intentar que Gómez salde alguna de sus deudas.

El teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, informó ayer que recientemente técnicos municipales han consultado con sus 'hermanos mayores' en la Agencia Tributaria para ver qué procedimiento es el adecuado y, sobre todo, remar todos en la misma dirección.

En estos momentos, Rafael Gómez debe al Ayuntamiento de Córdoba más de 20 millones de euros en multas urbanísticas por construir varias obras sin permiso en la ciudad a mediados de la década pasada. La más importante de todos es la sanción por la construcción sin licencia ni permiso alguno de unas naves industriales de 40.000 metros cuadrados en un suelo de especial protección, junto al yacimiento arqueológico de Medina Azahara y en la antigua fábrica de leche Colecor.

No obstante, hace poco trascendió que un juzgado de Córdoba está investigando un presunto delito fiscal cometido por las empresas de Sandokán (está imputado él y toda su familia) por no haber pagado el IRPF del periodo 2003-2006. En la causa, la Agencia Tributaria le demanda el pago de 69,9 millones de euros en impuestos que no habrían sido abonados. Precisamente, la Agencia Tributaria tiene trabado un embargo preventivo en las naves de Colecor para intentar asegurarse el pago de esta enorme deuda.

Ahora, el objetivo del Ayuntamiento de Córdoba pasa porque tanto sus técnicos como los de la Agencia Tributaria trabajen de forma coordinada. No obstante, fuentes municipales dudan de que “alguna vez” se llegue a cobrar parte del débito. “Si acaso, las administraciones nos quedaremos con gran parte de su patrimonio inmobiliario”, expresaron las fuentes.

Desde que asumió su cargo como concejal del Ayuntamiento, Rafael Gómez tiene la nómina embargada. No obstante, y consultada toda la normativa de funcionamiento de las administraciones públicas, puede seguir siendo concejal pese a ser el mayor deudor que en estos momentos tiene el Ayuntamiento de Córdoba.