Tercer 'aviso' del Defensor del Pueblo al rector sobre la presunta estafa en Ucoaviación

Tras un primer informe de la UCO que “estaría omitiendo información relevante”, Jesús Maeztu reitera su petición de un nuevo informe

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha vuelto a solicitar al rector en funciones de la Universidad de Córdoba (UCO), José Manuel Roldán Nogueras, la emisión de un nuevo informe sobre la queja de cerca de una veintena de exalumnos de Graduado Superior en Aviación Comercial que se sienten “presuntamente estafados” por la ya extinta empresa universitaria Ucoaviación, al entender que desde la UCO se les aseguró que este título propio sería homologable a un título universitario oficial, es decir, un título de Diplomatura o Graduado universitario. Pero no fue así.

En concreto, el Defensor reiteró su petición de un segundo informe la pasada semana, en plena Feria cordobesa, por la que ya son tres las ocasiones en las que desde esta oficina se han solicitado datos a la UCO. En el primer informe que remitió la UCO el pasado mes de diciembre, “la Universidad de Córdoba estaría omitiendo información relevante en relación con la situación de las personas afectadas por la falta de homologación del título”, según afirmó el Defensor. Ahora, y tras la petición de un segundo informe “del que no hemos recibido dicha información (...) reiteramos el envío del informe solicitado”, indica el nuevo escrito de esta Oficina remitido la pasada semana a la Universidad.

En todo caso, desde la UCO se vuelven a remitir esta semana a lo dicho en el primer informe, e indican que se está a la espera de remitir el segundo informe solicitado, aunque no pueden precisar cuándo se enviará el mismo. No obstante, y dadas las fechas, todo apunta a que será después de que el rector electo, José Carlos Gómez Villamandos, tome posesión.

En su primera respuesta al Defensor, la Universidad afirmó que no existe información alguna que tenga su origen en la UCO o en Ucoaviación “de la que se desprenda que alguna de éstas asumiera un compromiso firme con los estudiantes de que el título propio fuese a adquirir la condición de Título Oficial Universitario”, ni tan siquiera “que se comprometiera a realizar los trámites pertinentes para que dicha titulación obtuviera” este reconocimiento. Algo con lo que los afectados no están de acuerdo, y que también han puesto en conocimiento de la Fiscalía.